Oposición plantea que se elimine el Esmad en reforma a la Policía

En contraposición a la reforma anunciada por el presidente de la República, Iván Duque, la oposición presentará un proyecto para hacerle un revolcón a la Policía Nacional.

En primer lugar, se habla de dos iniciativas encaminadas a eliminar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y a establecer que las actuaciones cometidas por los uniformados no sean de competencia de la Justicia Penal Militar, sino de la Justicia Ordinaria.

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El senador Iván Cepeda afirmó que “por múltiples razones que atañen a esta circunstancia, debe desaparecer el Esmad, sus funciones pueden ser asumidas por la fuerza disponible de la Policía Nacional y en su lugar proponemos que se cree una unidad especializada para el diálogo y la mediación en los casos en que se produzcan hechos de confrontación en las movilizaciones”.

Añadió que “si la reforma que queremos de la Policía hace honor a lo que dice la Constitución en materia de que la Policía es un órgano de carácter civil, una justicia de carácter especializado como la penal militar, no tiene porque juzgar y tratar los casos de miembros de esta fuerza incursos en graves delitos”. 

Otro de los componentes que tiene esta reforma propuesta por la oposición, está relacionada con la eliminación del carácter militar que tiene la Policía Nacional, para lo cual proponen que la misma salga del Ministerio de Defensa y pase a manos del Ministerio del Interior.

La representante María José Pizarro dijo que “la Policía debe pasar al Ministerio del Interior y no debe ejercer funciones propias de las Fuerzas Militares”.

Adicionalmente, Pizarro indicó que se deben “prohibir y regular practicas policiales agresivas, fortalecer el control externo, impulsar el proceso de participación ciudadana, como lo es el principio de legalidad, proporcionalidad y uso de la fuerza, que solo pueda utilizarse en condiciones excepcionales”.

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De igual forma, se plantea la prohibición de las “las armas de fuego y regular el uso del armamento menos letal, prohibir la tortura, los tratos crueles, y prohibir los traslados por protección”.

Los proyectos anunciados también tienen un componente importante en materia de formación de los uniformados en materia de Derechos Humanos.

Reforma al sistema de ascensos

Esta propuesta de la oposición incluye adicionalmente una reforma estructural al sistema de ascensos de los miembros de la fuerza pública, según indicó el senador Antonio Sanguino.

El propósito es que las promociones de los oficiales sean un premio para aquellos que hayan tenido buen comportamiento en cuanto al respeto a los derechos humanos y suspenderlas cuando se trate de funcionarios investigados.

“Que esos ascensos se suspendan cuando se trate de miembros de la fuerza pública que estén involucrados en investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos. Se trata de una regulación del sistema de ascensos de los miembros de la fuerza pública para fortalecer el mérito y la ética profesional y el respeto a los Derechos Humanos”, manifestó.

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El anuncio de este proyecto de ley estuvo acompañado por varias organizaciones de Derechos Humanos y jóvenes que han sido víctimas de casos de abuso policial, como Juan Fonseca que perdió un ojo producto de estos hechos.

“El proyecto de ley se presenta como un escenario esperanzador de reestructuración de la Policía, ya que no solo se centra en la protección de los Derechos Humanos, sino también en reducir estos atroces hechos por parte de agentes del Estado en las calles. Para mí no solo es importante que la persona que me hizo esto pague por el delito que cometió, sino que estos hechos no se vuelvan a presentar en el país”, manifestó.

Asimismo, indicó que es un hecho alentador que se plantee la desaparición del Esmad, que según él, fue responsable de las lesiones oculares que tuvo durante una de las manifestaciones que se adelantaron en los últimos meses.

El senador Alexander López dijo que la reforma policial anunciada por el Gobierno es “cosmética” y aseguró que plantear el cambio de uniforme de los miembros de la institución “es una verdadera grosería y afrenta contra los derechos humanos”, en el país.