Proceso disciplinario contra senador Eduardo Pulgar se frenó por presunto conflicto de competencias

El Consejo de Estado definirá qué entidad debe investigar disciplinariamente al congresista Eduardo Pulgar por, presuntamente, sobornar a un juez de la República para favorecer en un proceso penal a Luis Fernando Acosta, miembro del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Cabe mencionar que estos líos judiciales fueron revelados tras una columna publicada por el periodista Daniel Coronell, quien reveló unos audios en los que el congresista habría buscado al juez para entregarle una millonaria suma de dinero, a cambio de que tomara una decisión favorable en el proceso contra Acosta.

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La investigación disciplinaria había iniciado en la Procuraduría con la apertura de una indagación preliminar el pasado 13 de julio, pero la defensa del congresista se opuso y pidió al Consejo de Estado que ordene trasladar el expediente a la Comisión de Ética del Congreso.

Lo que planteó el abogado Jaime Granados, quien defiende al congresista, es un aparente conflicto de competencias que deberá resolver el Consejo de Estado y hasta tanto no se resuelva ese asunto, el proceso disciplinario seguirá frenado.

El procurador delegado Jorge Sanjuan, explicó que las conductas por las que es investigado el senador Pulgar, no tienen que ver con su trabajo en el Congreso de la República.

En medio de una audiencia pública, el procurador dijo que cuando un congresista incurre en delitos penales como corrupción o soborno, el investigador natural en materia disciplinaria es la Procuraduría.

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“La autoridad competente es el Procurador General de la Nación. La Comisión de Ética carece de competencia en este tipo de conductas”, señaló.

En ese mismo sentido, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación que está en etapa de recaudo de pruebas.

En ese proceso penal, el magistrado Marco Antonio Rueda debe escribir una ponencia resolviendo la situación jurídica, para definir si le imponen una medida de aseguramiento al congresista, si le permiten defenderse en libertad mientras el proceso avanza o si archivan el caso.