Procuraduría abrió investigación a MinTransporte por presuntas irregularidades en contratos

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el ministro de Transporte, William Fernando Camargo, por las presuntas irregularidades en la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura de revocar una concesión portuaria en Buenaventura. 

El organismo investigará las premuras razones por las que la junta directiva de la ANI negó solicitudes de prórroga y declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución para la realización del proyecto.

Además del ministro de transporte, la Procuraduría vinculó a la investigación a la viceministra general (e) del ministerio de Hacienda, Sandra Yolima Esguerra Castañeda; la viceministra de política y normalización ambiental (e) del Ministerio de Ambiente, el subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación, Juan Miguel Gallego Acevedo entre otros funcionarios. 

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El organismo señaló que al parecer los funcionarios que ahora son investigados habrían incurrido en falsa motivación, al argumentar en la retractación la posible generación de importantes afectaciones ambientales negativas al territorio de Buenaventura, sin que hayan aportado evidencias. 

La Procuraduría delegada afirma también que esa decisión fue tomada aparentemente sin tener el concepto al respecto de la Superintendencia General de Puertos y desconocer una opinión emitida por el Establecimiento Público Ambiental (EPA), máxima autoridad ambiental en el área urbana y suburbana del distrito. 

El organismo indicó que los funcionarios pudieron violar el debido proceso en el trámite adelantado frente la solicitud de modificación sustancial del contrato de concesión del puerto, al desconocer la preclusión de las etapas, la conformación del consejo directivo, y la no participación de este consejo en el trámite del recurso de reposición.

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La Procuraduría concluyó buscará establecer la responsabilidad de los funcionarios en las aparentes irregularidades, por lo que ordenó la práctica de pruebas para reunir los argumentos que permitan establecer si el ministro y los demás investigados incurrieron en faltas que podrían generar suspensiones.