Procuraduría solicita a la Corte Constitucional anular la ley de Reforma Pensional

La procuradora general, Margarita Cabello, entregó su concepto a la Corte Constitucional con respecto a una de las demandas que avanza en ese tribunal contra la Reforma Pensional del Gobierno Nacional. 

En el documento, la procuradora pidió que el tribunal tumbe la ley, pues dio la razón a la senadora Paloma Valencia sobre las aparentes irregularidades que se habrían registrado en el trámite de la norma en el Congreso. 

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"La Procuraduría General de la Nación le solicita a la Corte Constitucional que declare la INEXEQUIBILIDAD de la Ley 2381 de 2024, 'Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones'", dice el oficio. 

Entre los argumentos de la congresista, Valencia se enfoca en mencionar que se omitió la deliberación del proyecto en la Cámara de Representantes al acogerse a lo aprobado en el Senado. 

Frente a esto, la procuradora consideró que, en efecto, se omitió de manera deliberada la discusión debido a que los representantes centraron sus argumentos en la pertinencia de adoptar el texto aprobado en el Senado. 

"Para el Ministerio Público, es claro que se impidió que los parlamentarios se refirieran a la conveniencia de las distintas propuestas, porque tuvieron que centrar sus argumentos en la pertinencia o no de acoger el texto aprobado por el Senado de la República", añade el documento. 

Margarita Cabello concluye afirmando que el organismo encontró que no hubo garantías suficientes ni las condiciones mínimas requeridas para la discusión de la iniciativa en la Cámara de Representantes.

"La Procuraduría encuentra que en la Plenaria de la Cámara de Representantes no se ofrecieron las condiciones mínimas requeridas para que existiera un escenario de discusión de la iniciativa por cuanto, mediante una proposición de adoptar en bloque el texto aprobado por el Senado de la República", finalizó la funcionaria. 

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Este es uno de los conceptos que serán tenidos en cuenta por los magistrados de la Sala Plena para tomar una decisión con respecto a esta ley del gobierno Petro.