¿Qué dice el Gobierno sobre propuesta de reformar la JEP?
El uribismo volverá a radicar el proyecto este semestre.
El Centro Democrático ha insistido en que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debe ser eliminada o, en su defecto, reformada por cuenta de las decisiones recientes que ha venido tomando sobre los actos terroristas cometidos por las Farc.
El Gobierno Nacional no se ha pronunciado sobre si respalda o no esta iniciativa. Sin embargo, al ser preguntado específicamente sobre el tema, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, dijo que, aunque no conoce la propuesta, el presidente Iván Duque sí ha insistido en algunas modificaciones que, en todo caso, no pueden afectar los derechos que ya tienen los desmovilizados de las Farc por haberse acogido al acuerdo de paz.
El mandatario "considera que las modificaciones que se deberían introducir al marco constitucional colombiano las presentamos y esas reformas constitucionales rigen hacia futuro y no van a afectar ninguna de las garantías que se le otorgaron a los excombatientes”, señaló.
Lea también: Investigación contra Jorge Oñate por homicidio, se reactiva en tribunal
Y dijo: “El presidente cree que el narcotráfico, los secuestros y la violencia sexual contra los niños nunca debieron considerarse como conexos a la rebelión, pero el jefe de Estado es un hombre de legalidad y por eso se presentaron como corresponde para que rijan hacia el futuro”, añadió.
Archila afirmó que las garantías para los ex Farc que se acogieron al proceso de reincorporación seguirán intactas.
“Varios de esos cambios ya son reformas constitucionales, luego eso de ninguna manera afectará las garantías que se les dieron a los miembros del antigua guerrilla de las Farc”, insistió.
La senadora Paloma Valencia anunció que a mediados de marzo volverá a radicar, en el Congreso, el acto legislativo con el cual se busca reformar la JEP, para darle un tratamiento penal diferenciado a los miembros de la fuerza pública, fortalecer la reparación de las víctimas y obligar a las Farc a aceptar responsabilidades individuales en los delitos que se cometieron durante el conflicto.