Renuncia el viceministro de Defensa, Alberto Lara por motivos “personales”

El viceministro de Defensa y Seguridad, Alberto Lara, renunció a su cargo por motivos “personales”, según le hizo saber hace un mes largo al ministro de Defensa, Iván Velásquez. El cargo lo ostentará hasta el próximo 31 de diciembre, de acuerdo a fuentes del ministerio.

Las funciones que estaba desempeñando Lara estaban enfocadas en implementar una estrategia de seguridad a nivel nacional y que estaban en cabeza del ministerio de Defensa.

Cabe señalar que en mayo pasado el presidente Gustavo Petro les solicitó la renuncia protocolaria a tres viceministros de la cartera de Defensa, en medio del remezón ministerial de ese entonces. Por ahora no se conoce quién reemplazará en su cargo a Lara.

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Entre los pedidos de renuncia estaban Elsa Piedad Morales, viceministra de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del sector Defensa; Alberto Lara, viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, y el mayor general (r) Ricardo Díaz, viceministro para Estrategia y Planeación.

Una de las últimas tareas que cumplió el saliente funcionario fue aportar inteligencia para iniciar la recuperación de más de 1.000 hectáreas del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, afectadas por la minería ilegal. La operación exitosa sin incidentes violentos destaca la importancia de la colaboración entre entidades para controlar territorios y desmantelar bandas criminales.

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Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad reveló que, “la recuperación del área afectada en el Parque Nacional, será lenta. En 20 años, tendríamos nuevamente cobertura vegetal, pero solo hasta dentro de 50 años volverían los servicios de los ecosistemas. Los daños en el suelo por minería ilegal son desastrosos y complican la recuperación de estas zonas estratégicas del país”.

Sin embargo, la Ministra de Ambiente señaló que las investigaciones revelan que la minería ilegal extraía mensualmente 78.000 gramos de oro, generando ingresos multimillonarios para bandas criminales por más de 13.200 millones de pesos. Esta actividad ilícita también provocó vertimientos de mercurio, estimándose en una tonelada al año, afectando gravemente los cuerpos de agua en la región.