Revocatoria de Daniel Quintero: admiten tutela por suplantación de firmas
La defensa del mandatario solicitó a la Registraduría dos semanas para poder avanzar en la revisión de las firmas.
El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín admitió un recurso de tutela que interpusieron varios ciudadanos contra la Registraduría, al denunciar que sus firmas fueron suplantadas e incluidas en las planillas del comité de revocatoria del alcalde Daniel Quintero.
Los accionantes invocaron la violación a los “derechos humanos fundamentales a la libre participación del ejercicio político, buen nombre y habeas data”.
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Los doce ciudadanos solicitaron que se dicte una medida cautelar urgente, en la que se 'ordene la suspensión, provisional de la revocatoria de Quintero Calle'.
Aseguraron que no diligenciaron, autorizaron, ni firmaron ningún documento en apoyo a este proceso. Incluyeron el informe presentado en la Registraduría, en el que aparecen sus nombres y sus números de cédulas en diferentes tomos y folios de las planillas.
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Alfonso Portela, abogado defensor del alcalde Daniel Quintero, dijo que solicitó a la Registraduría dos semanas para poder avanzar en la revisión de las firmas.
"En un proceso de recolección de firmas se está expuesto a que se presenten estas anomalías. La experiencia nos ha demostrado que en un proceso de recolección de firmas, llámese revocatoria, referendo e inscripción de candidaturas, los promedios en la recolección efectiva son muy bajos. Suele tener unos porcentajes bastante altos de firmas que no corresponden o no llenan los requisitos de ley", señaló.
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La Registraduría validó 133.248 firmas de las 91.211 que se requerían. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habilitó un link para que las personas ingresaran su número de cédula y verificaran si su documento fue o no incluido en las planillas de la revocatoria.
En un periodo de 24 horas, el mandatario afirmó que 3.000 personas denunciaron irregularidades.
En el auto, el juzgado le solicitó a la Registraduría pronunciarse respecto a la solicitud de aclaración y revisión por parte de los ciudadanos, por la presunta vulneración de derechos constitucionales.