Se abre paso el transfuguismo y la creación de un nuevo tribunal electoral

La Comisión Primera del Senado de la República comenzó la discusión de una nueva reforma política que pretende hacer un completo revolcón al sistema electoral colombiano.

Entre los puntos principales de la iniciativa se encuentra la posibilidad de que los congresistas puedan cambiarse de partido político sin ser sancionados y sin renunciar un año antes a sus cargos para poder aspirar por otra colectividad.

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Este fenómeno que es conocido como transfuguismo político, se abriría paso por una sola vez con en este acto legislativo que cambiará las reglas de juego de la política colombiana.

El senador Luis Fernando Velasco, coordinador ponente de la iniciativa, explicó que todos estos cambios “desembocan en la posibilidad de que las personas puedan pasarse a otros partidos. Recordemos que todos los que están actualmente electos en el Congreso se eligieron en campañas individuales y no de partidos y por eso permitimos que esas personas puedan salirse de los partidos e incluso crear nuevos partidos en la medida en que sumando sus votaciones superen más del 30% del umbral”.

El acto legislativo impulsado por el Partido Liberal, también busca debilitar el Consejo Nacional Electoral para crear un nuevo tribunal que se encargue de tomar las decisiones de carácter jurisdiccional, como la revocatoria de las candidaturas y la pérdida de personerías jurídicas. 

“Se crearía un Tribunal Electoral que dependerá de la jurisdicción contenciosa administrativa, totalmente independiente, totalmente técnico, que las decisiones de fondo en cuanto a inscripción de candidaturas, nulidades, etc; sean decisiones jurisdiccionales tomadas por personas ajenas a los partidos. El Consejo Electoral seguirá haciendo otras tareas pero el tribunal trabajará en aspectos específicos”, dijo. 

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También se busca implementar listas cerradas paritarias para las elecciones al Congreso y otras corporaciones públicas que funcionarán de manera alterna, es decir, por cuatro años lista cerrada y por cuatro años lista abierta, lo cual permitiría la financiación “preponderantemente estatal” de las campañas políticas.

Este proyecto también pretende armonizar la legislación con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Gustavo Petro y establecer que las autoridades administrativas como la Procuraduría y la Contraloría, no pueden destituir o inhabilitar candidatos elegidos con voto popular.

Finalmente, la reforma propone congelar por cuatro años el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado, los cuales son superiores a los 20 salarios mínimos legales vigentes.