Suspenden al gobernador de Quindío por presunta participación política

La Procuraduría suspendió de manera provisional, por tres meses, al gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, por su presunta participación en política a favor de un candidato a la Gobernación de este departamento.

Según se conoció, el funcionario fue sancionado por tres meses o hasta que acabe el proceso electoral. 

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La Segunda Delegada para a Vigilancia Administrativa señaló que, según denuncias reveladas por medios de comunicación a nivel nacional, el mandatario le habría dado instrucciones al aspirante, que en su momento fungió como miembro de su gabinete. 

Según el organismo, en las instrucciones que fueron dadas a funcionarios de la Gobernación Departamental, incluyendo a los secretarios de despacho, les ordena conseguir votos para el candidato “en donde sea”. 

La Procuraduría también investigará un audio en el que el gobernador habría aludido otros hechos que pueden probar su intervención en la campaña y que podrían materializar la comisión de una falta de tipo disciplinario.

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El organismo ya ha tomado acciones contra otros seis mandatarios regionales, pues en días anteriores emitió las suspensiones provisionales contra el alcalde de Nechí, Campamento (Antioquia), San Pablo, San Bernardo (Nariño), Neiva (Huila) y El Banco (Magdalena). 

Estas decisiones son fundamentadas por la Procuraduría bajo el argumento de que la suspensión es necesaria para evitar que, en uso de las facultades como mandatario local, los funcionarios beneficien a algunos candidatos para que tengan ventaja frente a los contendientes en la carrera electoral. 

Preocupación 

La procuradora general, Margarita Cabello emitió una carta a los ministros del Interior y Defensa para que tomen acciones que permitan garantizar la presencia de la Fuerza Pública en todos los puestos de votación en las elecciones regionales. 

Además rechazó la supuesta invitación a los miembros de la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y las disidencias de las Farc, pues aseguró que “el Estado no puede aliarse con la ilegalidad para facilitar el ejercicio de la democracia”.