Tenga en cuenta la ley seca, a propósito de las elecciones

Con motivo de la jornada electoral de este domingo, los alcaldes de todo el país decretarán la ley seca a partir de las 6 de la tarde de este sábado. La medida estará vigente hasta el próximo lunes a las 6 de la mañana, pese a la oposición expresada por el gremio de los bares.

El presidente Juan Manuel Santos le preguntó a los colombianos, por medio de su cuenta en Twitter, la posibilidad de reducir el horario de esta medida. Sin embargo, el Gobierno decidió que la norma debía implementarse como siempre se ha hecho.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó que el decreto de orden público establece otras disposiciones para garantizar la seguridad en la jornada electoral. “También habrá restricción al porte de armas, al expendio de bebidas alcohólicas, son las mismas disposiciones que se decretan cada vez que hay un debate electoral”, señaló.

“Están garantizadas las rutas de transporte público, existe una disposición que señala que las empresas deberán prestar el servicio de transporte en las rutas que están previstas, sin ningún tipo de variación”, añadió. El Gobierno Nacional espera que no se presenten alteraciones de orden público durante la jornada electoral en la que los colombianos elegirán un nuevo Congreso de la República y definirá qué candidatos ganan las consultas.

Las elecciones

Por primera vez en su largo conflicto Colombia elegirá un nuevo Congreso este domingo sin la amenaza de las Farc y bajo la tregua del ELN, las guerrillas que históricamente sabotearon los comicios. Las Farc ya son un partido. Atrás quedó medio siglo de fallida lucha por el poder gracias al histórico acuerdo de 2016, que terminó con el que fuera el grupo rebelde más poderoso de América.

Y con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el gobierno de Juan Manuel Santos, que dejará el poder el 7 de agosto, intenta un acuerdo similar. Aunque los diálogos están congelados por el recrudecimiento de las acciones militares, el ELN anunció una tregua para la jornada.

En un país donde la abstención ronda el 60%, estos comicios serán determinantes para la paz y la sobrevivencia de la izquierda. Y podrían ser la antesala del regreso al poder de una derecha dura que quiere meter miedo con la crisis en Venezuela y modificar lo pactado con el ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).

Debut difícil

La exguerrilla se estrena en las urnas como una fuerza de izquierda que aún tiene pendiente confesar sus crímenes y reparar a las víctimas. El pacto, que establece un sistema especial de justicia que deberá entrar a operar este año, le garantiza 10 de los 280 escaños que conformarán el próximo Congreso.

Sin embargo, la Farc tiene que acudir a las urnas y ninguna encuesta proyecta una votación suficiente para aumentar esa representación. "A pesar de que muy seguramente no van a sacar la votación que ellos esperan, lo que está en juego para la Farc es el posicionamiento y la posibilidad de contarse con miras a su verdadero interés político: las elecciones" para alcaldes y gobernadores en 2020, dijo a la AFP Carlos Arias Orjuela, consultor político de la Universidad Externado.

Además, la Farc cedió más espacio al retirarse el jueves de la campaña presidencial a raíz de la situación de su líder y candidato, Rodrigo Londoño (Timochenko), internado en una clínica en Bogotá por problemas coronarios.

Presidenciales en la mira

Con las legislativas arrancará en firme la campaña para suceder a Santos en las elecciones del 27 de mayo. Los colombianos definirán los candidatos de las coaliciones de izquierda y de derecha en sendas consultas interpartidistas.

El exguerrillero y exalcalde Gustavo Petro tiene prácticamente asegurado su triunfo en la de la izquierda, mientras Iván Duque parte como favorito en las toldas opuestas bajo el padrinazgo del senador y expresidente Álvaro Uribe.

Los dos dominan la intención de voto para las presidenciales. Sin embargo, Uribe asoma como el gran ganador: no solo mantendría su escaño sino que además podría liderar la bancada mayoritaria en el Congreso y, de paso, llevar a Duque a primera vuelta.

Y si bien Petro "claramente va a ganar su consulta", solo "va a sacar tres o cuatro senadores", dijo a la AFP Juan David Cárdenas, experto en comunicación política de la Universidad de la Sabana.

El regreso de la derecha dura

Luego de ocho años de un gobierno y un Congreso que sacaron adelante el acuerdo de paz con la otrora guerrilla comunista, la derecha más opuesta al pacto podría tomar el control absoluto del parlamento.

Todo apunta a que "la derecha fuerte" será mayoría, corrobora Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación que da seguimiento al proceso electoral.

La derecha es la más opcionada para copar el espacio que dejará el partido de La U que apoyó a Santos, y que fue mayoría durante estos años. La fuerza oficialista cayó en desgracia por casos de corrupción, y se abstuvo de presentar candidato para la contienda de mayo.

De no fallar las encuestas, el Congreso quedaría bajo control del Centro Democrático que lidera Uribe y del partido Cambio Radical que apoya a Germán Vargas Lleras, exvice de Santos que se apartó del gobierno con críticas al acuerdo de paz para lanzarse a la presidencia.

La izquierda llega a las legislativas fragmentada y rehuyendo alianzas con la Farc. Su objetivo básicamente consiste en sacar los votos suficientes para salvar su minoritaria representación.

Corrupción y desprestigio

Colombia es un país polarizado por el acuerdo con la exguerrilla y el Congreso es hoy la institución más desprestigiada con un 84% de desfavorabilidad, según un estudio de opinión de Gallup de diciembre.

La justicia investiga a decenas de parlamentarios por corrupción, y 11 perdieron su investidura o están en la cárcel bajo la misma acusación. Los casos más sonados corresponden al escándalo de la brasileña Odebrecht que montó un esquema de sobornos en 12 países a cambio de contratos.

La Fiscalía estima que, en Colombia, la empresa pagó hasta 27,7 millones de dólares en coimas. Además, persisten las sospechas contra unos 80 de los 2.730 candidatos por casos de desvíos de dineros públicos o vínculos con políticos condenados por nexos con los paramilitares de ultraderecha, según un informe de Paz y Reconciliación.