Tutela no será cambiada en reforma a la justicia
La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, advirtió que la propuesta no tiene consenso.
El Congreso de la República comenzó el trámite de la reforma a la Justicia que ha generado polémica por la propuesta del Gobierno de introducir algunos cambios a la acción de tutela.
Aunque la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, defendió este planteamiento, también informó que el mismo no tiene respaldo entre los ponentes y los diferentes partidos políticos.
Según Borrero, esa propuesta no se incluiría en la ponencia para debatir en la Comisión Primera del Senado.
“Quisimos tocar el artículo 86 para abrir un debate amplio de cómo podemos fortalecer la tutela y en esta reforma ponemos que haya legitimación en la causa, que podamos especializarla para que haya mayor calidad en las decisiones judiciales”, indicó Borrero.
Sin embargo, informó que “el grupo de ponentes, con los coordinadores, y muchos partidos se nos han acercado a decir que en la ponencia probablemente no se va a tocar la tutela”.
El senador Armando Benedetti, ponente de este proyecto, dijo que sería un error afectar este derecho consagrado en la Constitución.
“Por ahora la tutela no se va a tocar y en mi caso me la voy a jugar a muerte. Si uno ve la reforma a la Justicia parece una recomposición de instituciones dentro del Estado y menos justicia para el ciudadano de a pie”, manifestó.
Durante la audiencia pública, el Gobierno también defendió los pilares fundamentales propuestos en la reforma constitucional: Transparencia en la administración judicial, eficiencia y seguridad jurídica.
La ministra Borrero explicó además que la iniciativa no busca crear un tribunal de aforados, porque el presidente Iván Duque “no es amigo de crear más cortes en el país”. Sin embargo, sí explicó que se le dará dientes a la Comisión de Acusación de la Cámara para “agilizar y acortar los tiempos de los procesos contra los altos funcionarios del Estado”.
El proyecto también le otorga la facultad a los altos tribunales de separar del cargo a un magistrado investigado, mientras se cumple con el proceso de desaforamiento en el Congreso de la República a través del antejuicio político ya establecido en la Constitución.