Uribe pide reformar la JEP y el acuerdo de paz
Así lo plantearon los partidos de Gobierno tras el regreso de Iván Márquez, Jesús Santrich y 'El Paisa' a las armas.
Un profundo rechazo ha generado en todos los partidos políticos el regreso a las armas de Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes se salieron oficialmente del proceso de paz.
Los partidos de gobierno, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez, consideran que es urgente hacerle profundos cambios a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y al acuerdo que se firmó con las Farc, para evitar que esto vuelva a ocurrir.
Según Uribe, el pacto que se firmó en el teatro Colón hay que excluirlo del bloque de constitucionalidad.
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“Yo creo que hay que bajar esos acuerdos de la Constitución, capturar a esos bandidos donde estén, hacer unas reformas de la protección a los militares, hacer unas reformas para que los delincuentes de delitos atroces que quieran cumplir con esos privilegios que les dio Santos, por lo menos antes de estar en el Congreso, paguen una pena esa que les pusieron que es visible que es la restricción de vivienda y movilidad”, señaló Uribe.
El exmandatario considera además que a los disidentes hay que “capturarlos donde estén y hacer una gran reforma, una profunda reforma a esas normas que favorecen a Farc, hay que tener mano firme contra esos bandidos, eso es lo que necesita este país”.
El senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, respalda que se hagan reformas al acuerdo de paz y considera que el Gobierno debe arreciar las operaciones contra los disidentes de las Farc.
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“Solicitar al Gobierno de manera inmediata la expedición de circulares rojas contra estos cabecillas guerrilleros y quienes se encuentren en esa disidencia y que haya una persecución de la Fuerzas Armadas de Colombia en contra de estos sujetos”, manifestó.
El Centro Democrático presentó en el Congreso un acto legislativo encaminado a reformar aspectos fundamentales de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Asimismo, el Gobierno Nacional impulsa también una reforma que pretende excluir de la justicia transicional los delitos sexuales que se cometan contra menores.