Dolor crónico en niños: invisibilizado y en alza en América Latina
Se cree que el dolor en niños es menor que en los adultos.
El dolor crónico es una experiencia subjetiva y personal que normalmente está invisibilizada para quienes no la padecen. En el caso de niños y adolescentes, éste suele ser más incomprendidos, de acuerdo con el Dr. Jordi Miró, director de la Cátedra de Dolor Infantil de la Universitat Rovira i Virgili (URV) – Fundación Grünenthal.
“Pese a que el dolor crónico infanto-juvenil afecta a alrededor del 30% de la población de 8 a 16 años, la sociedad tiende a creer que ellos no experimentan dolor o que su impacto es menor que en los adultos, llevándonos a desestimar su sentir. Esto puede influir en su cronificación, y dificultad de tratar", señaló el especialista.
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La situación en América Latina es similar a la de otras regiones en la que los pacientes se enfrentan a barreras como la minimización del dolor por parte de los padres o cuidadores, así como de los propios especialistas.
“La prevalencia del dolor crónico infanto-juvenil está aumentando y no es un problema exclusivo de un país o un continente. La falta de investigación e insuficiente formación médica, son dos de los principales factores que interfieren en el tratamiento de esta población”, indicó el doctor.
Por esta razón, la Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor (FEDELAT), en representación de las 20 asociaciones que la conforman; la Sociedad Española del Dolor (SED); la Asociación Portuguesa para el Estudio del Dolor (APED); y el Consejo para el Dolor Infantil de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) firmaron la Declaración de Lima sobre el Dolor Infantil, en la que se comprometen a visibilizar la enfermedad, promover su estudio, mejorar la formación especializada y desarrollar tratamientos específicos para contribuir a disminuir las barreras que hoy enfrentan los pacientes.
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Este documento establece un decálogo de principios a tomar en cuenta en torno al dolor infanto-juvenil, entre los que se destaca el derecho a acceder a un tratamiento, la necesidad de un manejo interdisciplinar de la enfermedad y el requerimiento de políticas públicas que permitan la asignación de recursos para mejorar la formación, la atención, la investigación y la sensibilización en torno a esta enfermedad.