Organizaciones de salud piden un millonario giro para atender la crisis que vive el sector

Diferentes organizaciones de salud, médicos y exministros, en una carta abierta al Gobierno Nacional, específicamente al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmaron que es urgente hacer un giro económico al sistema de salud, debido a la crisis en la que se encuentran algunas entidades de salud a nivel nacional.

Recalcaron que se hace prioritario el traslado presupuestal por $2,5 billones al interior del presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Salud.

“Es necesario y urgente trasladar recursos por $2,5 billones de funcionamiento del Ministerio de Salud hacia el aseguramiento en salud, el cual no cuenta con los recursos necesarios para cubrir el compromiso gubernamental de girar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y presupuestos máximos aprobado para el año 2024", señalaron.

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Afirmaron que los dineros correspondientes al rubro “Apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100 de 1993 deberían tener una prioridad en el rubro “Aseguramiento, Reclamaciones y Servicios Integrales en salud (Ley 100 de 1993 y decreto 780 de 2016)”

Apuntaron que estos recursos, una vez incorporados dentro del presupuesto del aseguramiento, deberán transferirse a la Administradora de Recursos de la Seguridad Social en Salud Adres, con el fin de garantizar la atención de salud que los colombianos necesitan y merecen.

“De manera inédita, el Ministerio de Salud y Protección Social decidió apropiar $5,05 billones para usos distintos a los originalmente planeados en términos de aseguramiento, que en últimas son usados para garantizar el goce efectivo al derecho de la salud, priorizando áreas que, aunque importantes, requieren inversiones con recursos nuevos y no ser objeto del desplazamiento de los recursos que hoy en día se utilizan para prestar servicios de salud”, explicaron.

Subrayó que los recursos destinados a garantizar este derecho fundamental han sido gestionados por el Ministerio de Salud para financiar personal e infraestructura en las regiones.

Sin embargo, su empleo inapropiado ha afectado la efectiva realización de este derecho. A la fecha se han girado $1,6 billones y se registra una disminución en su apropiación por $900 mil millones (aún a la espera de identificar a qué rubro se adicionarán esos recursos), quedando disponibles $2,5 billones, según información registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)”, explicaron.

Apuntaron que se aprecia los esfuerzos en mejorar la infraestructura y la capacidad del personal de salud en los territorios. 

“Sin embargo, actualmente el aseguramiento es una prioridad legal y constitucional por su rol en la protección directa del derecho a la salud. De hecho, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que los recursos correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y Presupuestos Máximos deben girarse de manera oportuna y prioritaria como medio para proteger el derecho fundamental a la salud”, explicó.

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Recalcó que los recursos remanentes son necesarios para el financiamiento de la UPC al cierre del año. “A la fecha, y de conformidad con el ritmo de gasto al mes de mayo, se requerirá una incorporación adicional mínima de $2,3 billones a este rubro. La UPC financia más del 97% de los servicios de salud y es la garantía del derecho fundamental”, advirtieron.

Indicaron que en la decisión sobre el presupuesto de la salud 2024, tanto el Ministerio de Hacienda como el Departamento Nacional de Planeación, advirtieron al Ministerio de Salud y Protección Social sobre la necesidad de usar la esos recursos para garantizar el cierre financiero del aseguramiento. Sin embargo, esta acción no se ha concretado.

Las organizaciones de salud afirmaron que, de no efectuarse este traslado, el derecho a la salud estará gravemente comprometido en la segunda mitad del año, en un contexto fiscal adverso con recortes y aplazamientos adicionales.

“La transferencia de estos recursos sólo garantizaría que se cuente con los recursos necesarios para el giro de UPC que se encuentra planeado, es decir, no soluciona los problemas de insuficiencia que también debe afrontar el Gobierno nacional ni la financiación de los presupuestos máximos”, aclararon.

Recordaron que la Corte Constitucional, a través de diversas sentencias, siendo la más relevante la T-760 de 2008, ha señalado que es obligación del Estado asegurar el financiamiento adecuado, transparente y eficiente del sistema de salud, en aras de garantizar su sostenibilidad financiera y el acceso equitativo a los servicios de salud.

“Adicionalmente, la Ley Estatutaria en Salud prevé el principio de sostenibilidad como un deber a cargo del Estado, el cual supone una debida planeación presupuestal de los recursos del sistema de salud. La Corte Constitucional, en virtud de sus funciones para vigilar el cumplimiento de la sentencia T-760 se ha pronunciado en este sentido en varias oportunidades, siendo la más reciente en mayo de 2024”, añadieron.

Sostuvieron que de no llevarse a cabo este traslado presupuestal el Ministerio de Salud estaría incumpliendo el mandato legal, puesto que la Ley le exige al Gobierno Nacional destinar los recursos suficientes de manera prioritaria para garantizar la universalización del aseguramiento en salud (artículos 66 y 67 de la Ley 1753 de 2015).

“Solicitamos respetuosamente que se considere esta reasignación presupuestal, la cual es necesaria para cubrir los compromisos mínimos del Gobierno nacional con la garantía del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos”, puntualizaron.