Defensa de registrador insiste en que no estaba inhabilitado cuando fue elegido

Los Secretos de Darcy Quinn revelaron que la defensa de registrador insiste en que no estaba inhabilitado cuando fue elegido.  

La defensa del Dr. Penagos básicamente alega que ese asunto ya se resolvió con el anterior registrador, Alexander Vega. En ese momento quedó claro que la inhabilidad no comienza hasta que el registrador sea elegido, no cuando está nominado. Y si fuera en la postulación o nominación, como dice el artículo 126 de la Constitución Nacional, tampoco habría problema alguno. La nominación ocurrió en el momento en que las cortes presentaron la lista de 10 candidatos, y eso fue un año después de cesar sus funciones. 

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"Quien haya ejercido en propiedad alguno de los cargos en la siguiente lista no podrá ser reelegido para el mismo. Tampoco podrá ser nominado para otro de estos cargos, ni ser elegido a un cargo de elección popular, sino un año después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones". Eso es lo que dice la ley y lo que debe cumplir el Consejo de Estado. 

¿La Cámara Ambiental del Plástico ha presentado una queja ante la OIT? 

La Cámara Ambiental del Plástico ha presentado una reclamación formal ante la Organización Internacional del Trabajo, invocando el artículo 24 de la Constitución de la OIT. Esta acción se realiza en respuesta a la Ley 2232, sancionada por el Estado colombiano el 7 de julio de 2022, que prohíbe la comercialización y distribución de ciertos plásticos de un solo uso, en aparente violación del Convenio 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación). 

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La Cámara Ambiental del Plástico denuncia que la Ley 2232, aunque en apariencia neutral, introduce una diferenciación en los plazos de implementación que favorece injustamente a las grandes empresas, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas del sector enfrentan un plazo de adaptación mucho más reducido. Esta desigualdad en los plazos afecta de manera desproporcionada a los trabajadores, así como a los medianos, pequeños y microempresarios, quienes han sido obligados a cesar sus actividades, impactando gravemente más de 200.000 empleos.