Ratificación de tratados contra el racismo y la intolerancia despiertan preocupaciones

Vamos a cumplir 10 años desde que se aprobaron en la OEA y a la fecha, de los 35 países de la organización, apenas hay 2 que han ratificado el tratado general contra intolerancia (México y Uruguay). un grupo de Estados dijo desde el día uno que no ratificarían estas normas, y ha recibido resistencia en Argentina, Bolivia y más recientemente Perú, en que el Congreso rechazó la aprobación, devolviéndoselo al ejecutivo. 

El problema central del tratado es que es el primer intento internacional por definir y castigar la intolerancia, como ella lo define. Es una definición muy mala, según expertos, que ha sido ampliamente transversalmente criticada por académicos, por su carácter sobre inclusivo. 

Define como intolerancia toda manifestación de irrespeto o rechazo contra las opiniones o convicciones de otros, por el hecho de ser distintas. La definición es muy clara, pero sobre inclusiva, porque subsume en sus términos cualquier discrepancia que se tenga sobre política, derecho, moral, etc. El primero que rechaza está siendo intolerante al otro. 

Crea además un derecho humano nuevo a ser protegido de la intolerancia, con lo cual los Estados se obligan a prohibir, prevenir y castigar la intolerancia, como el tratado la define. 

Esas obligaciones, de la mano de esa definición, se vuelve una justificación para regímenes autoritarios en perseguir opiniones disidentes, amparados en que están combatiendo la intolerancia.