Facebook, en la lupa de la Comisión Irlandesa de Protección de Datos

La Comisión Irlandesa de Protección de Datos (DPC) anunció la apertura de una investigación a la red social Facebook, tras la revelación de una filtración de datos de más de 530 millones de usuarios que se remonta a 2019. 

El regulador de Irlanda, competente porque en este país tiene Facebook instalada su sede europea, investigará si el gigante digital estadounidense cumplió con sus obligaciones de control, según un comunicado.

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La DPC afirma haber estado en contacto con Facebook, a raíz de este incidente, y cree que puede haberse incurrido en una violación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), lo que la investigación tendrá que determinar. 

"Estamos cooperando plenamente con la investigación de la DPC", reaccionó un portavoz de Facebook, asegurando que las funciones en cuestión, que facilitan la búsqueda de usuarios, son "frecuentes en muchas aplicaciones" y que el grupo "explicará las protecciones establecidas".

El RGPD puesto en marcha en 2018 otorga mayores poderes a los reguladores para proteger a los consumidores frente a los gigantes digitales como Facebook, Google, Apple y Twitter que, atraídos por un tratamiento fiscal favorable, han elegido Irlanda como sede. 

Justamente, a comienzos de esta semana, diversos eurodiputados pidieron que haya más transparencia en la publicidad en línea para evitar la financiación de los portales difusores de noticias falsas, y más esfuerzo de las empresas tecnológicas para eliminar los anuncios engañosos.

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Estas fueron las principales conclusiones del debate celebrado en la comisión especial sobre injerencia extranjera del Parlamento Europeo (PE), en el que los eurodiputados señalaron los desafíos que los anunciantes y los usuarios afrontan en la red ante la creciente aparición de webs propagadoras de bulos o noticias falsas.

"Google y otras plataformas siguen utilizando los anuncios para desinformar, pese a tener un criterio estricto contra ello", señaló la eurodiputada conservadora Dace Melbārde, quien remarcó que las políticas actuales para evitar la monetización de la desinformación no están funcionando.