Así puede denunciar inconformidades en la lista de útiles escolares

Se acerca el inicio del calendario escolar en Colombia y los padres de la familia se preparan para la compra de útiles escolares, uniformes y demás productos necesarios para que sus hijos tengan una educación de calidad. 

No obstante, una de las problemáticas a las que se enfrenta son las exigencias de ‘útiles inútiles’ por parte de las instituciones educativas.  Ante esto, el Ministerio de Justicia ha lanzado una iniciativa para informar y asesorar a las familias sobre sus derechos y las posibles acciones a tomar en caso de irregularidades.

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De acuerdo con el ministerio, se prohíbe a los colegios requerir proveedores o marcas específicas para los útiles escolares, asegurando así la libre elección. Además, se especifica que elementos como papel higiénico, toallas, desinfectante, dotación para botiquín, marcadores de tablero, bolsas de basura, entre otros, no deben formar parte de las listas de útiles escolares.

En cuanto a los uniformes, la resolución establece que solo se puede exigir un uniforme para uso diario y otro para actividades específicas. Importante destacar que la falta de uniforme por razones económicas no debe ser impedimento para el acceso del estudiante al colegio.

Así mismo, se reglamenta que está prohibido exigir al inicio del año la totalidad de los útiles escolares. Estos pueden ser adquiridos en la medida en que sean requeridos para el desarrollo de las actividades escolares.

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¿Dónde denunciar la exigencia de 'útiles inútiles' por parte de colegios en Colombia? 

En caso de los padres de familia identifiquen irregularidades en la lista de útiles que le exigen a sus hijos, pueden radicar la denuncia ante el Ministerio de Educación, alcaldías y Secretarías de Educación.

De igual forma, para obtener más información o asesoría puede acercarse a las oficinas de la Defensoría del Pueblo o comunicarse a la línea gratuita nacional 01-8000-914-o. 

Finalmente, aquellas instituciones que incumplan la ley podrán ser sancionados con una multa entre 50 hasta los 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes.