Audifarma refuerza medidas en Bogotá ante el desabastecimiento de medicamentos
Hay pacientes en Audifarma que llevan más de cinco meses a la espera de sus medicamentos pendientes.

La situación en el Audifarma del barrio El Restrepo, en el sur de Bogotá, se agravó debido a la escasez de medicamentos y la demora en su entrega. Decenas de personas permanecieron en largas filas, algunas extendiéndose por más de una cuadra, con la esperanza de recibir los medicamentos pendientes desde hace más de cinco meses.
Ante la creciente inconformidad de los ciudadanos, Audifarma implementó un esquema de seguridad con al menos cuatro guardias en el punto, restringiendo el acceso a personas que no requerían medicamentos. A pesar de este refuerzo, las filas no disminuyeron y los afectados expresaron su frustración, advirtiendo sobre posibles bloqueos en las calles, tal como ocurrió el martes pasado.
Según las autoridades, la escasez de algunos medicamentos generó retrasos en la entrega, aunque se comprometieron a distribuirlos lo más pronto posible. Sin embargo, el plazo inicial de 24 horas se superó sin una solución efectiva, lo que aumentó el descontento entre los ciudadanos.
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El presidente Gustavo Petro, en una nueva alocución, exigió a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, presentar una denuncia ante la Fiscalía contra los funcionarios de Audifarma. La empresa farmacéutica fue señalada por el mandatario de acaparar medicamentos en el país, calificando la situación como un “insulto” a Colombia y pidiendo sanciones legales.
Petro destacó la gravedad del problema, afirmando que los responsables de este presunto acaparamiento no sólo incumplen la ley, sino que también ponen en riesgo la salud pública. En respuesta, su Gobierno solicitó el levantamiento del velo corporativo de los gestores farmacéuticos para identificar a los verdaderos propietarios de las empresas involucradas en este ilícito.
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La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ya había advertido el pasado 21 de marzo que el acaparamiento de medicamentos constituye un delito en Colombia. Además, aseguró que las autoridades judiciales tienen la facultad de realizar allanamientos con órdenes de un juez para investigar estas prácticas.