Día D en la Corte Constitucional para tutela de Peñalosa contra el CNE

Este jueves la Sala Plena de la Corte Constitucional terminará de revisar una tutela presentada por el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que el mandatario local asegura que se vulneró su defensa a la legítima defensa en el proceso de revocatoria que se adelantó por iniciativa de un grupo de ciudadanos.

La tutela fue interpuesta el pasado mes de septiembre, y en ella el alcalde alega que se le vulneró se derecho a la defensa, debido proceso, ser elegido y la representación efectiva de los 903.764 bogotanos que votaron por él en las elecciones del 2015.

Según la defensa de Peñalosa, en ningún momento se le notificó el inicio del proceso de revocatoria en su contra, por lo que no se garantizaron sus derechos. Asimismo, aseguró que el CNE no cumplió las reglas establecidas en la Constitución para el manejo de revocatorias a los mandatos de alcaldes.

Además, señaló que la Registraduría Distrital del Estado Civil también vulneró sus derechos, ya que permitió la inscripción de tres campañas que tienen como finalidad revocar su mandato "sin constatar que la exposición de motivos estuviera soportada en elementos probatorios que permitieran establecer el incumplimiento de su plan de gobierno".

Ante esto, este jueves se realizará el último estudio a la tutela por parte del alto tribunal, cuya ponencia estará a cargo de la magistrada Gloria Ortiz, quien tomó el caso luego de que el togado Antonio José LIzarazgo se declarara impedido  ya que antes de ser parte de la Corte sostuvo una conversación con el alcalde acerca de la revocatoria.

Cabe recordar que el proceso en contra del mandato de Peñalosa recibió 706.708 firmas, de las cuales se validaron 473.700. Sin embargo, se hundió luego de que el CNE aseguró que el comité promotor contaba con problemas contables e irregularidades en recibos, pagos y gastos no justificados.

Peñalosa ya había presentado tutelas por los mismos motivos ante el Tribunal Supoerior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, las cuales fueron desestimadas por falta de material probatorio.