La Procuraduría interviene en la ampliación de la Avenida Boyacá: pide que no se suspendan las obras

La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado que se niegue la medida cautelar que busca suspender provisionalmente la resolución que otorgó la licencia ambiental para la ampliación de la Avenida Boyacá, en la ciudad de Bogotá. 

En su intervención, el organismo argumentó que no se ha demostrado que la ejecución del proyecto ponga en riesgo o cause daño al medio ambiente o a la salud humana, como se afirma en la demanda presentada por el Ministerio de Ambiente.

La Procuraduría resaltó que para que proceda la suspensión solicitada, debe probarse que la resolución de licenciamiento genera efectos adversos graves e irreversibles, lo que hasta el momento no se ha comprobado en las pruebas aportadas. 

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Ese organismo también destacó que la licencia ambiental otorgada es una herramienta legal diseñada para el manejo y control de proyectos que puedan tener impactos ambientales y recordó que dicha licencia incluye medidas de manejo, mitigación, prevención y compensación ante posibles efectos negativos del proyecto.

“Es precisamente el instrumento de manejo y control que ha previsto el legislador para que se implementen medidas de manejo, mitigación, prevención y compensación, frente a proyectos que sean susceptibles de generar graves impactos ambientes o a la salud humana”, señala uno de los apartes del documento.

Además, el delegado resaltó que el proyecto toca una porción de la reserva Thomas Van der Hammen, pero el organismo afirmó que la declaración de esa zona como reserva se realizó antes de la emisión de la licencia, lo que refuerza que no se desconoció la existencia de la reserva, como alegaba el demandante.

Respecto a la solicitud de un diagnóstico ambiental de alternativas, la Procuraduría recordó que al tratarse de una obra de mejoramiento y ampliación de una vía existente, no es necesario presentar este tipo de diagnóstico, como lo establece la normativa.

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En el recurso, el Ministerio de Ambiente señaló que no hay suficientes estudios técnicos que permitan sustentar la viabilidad de la licencia ambiental, pero la Procuraduría afirmó que ese tema debe abordarse en el proceso judicial y aclaró que esa razón no es suficiente para suspender provisionalmente el proyecto.