Moody's ajusta a negativa la perspectiva de riesgo para Bogotá

La calificadora de riesgo Moody’s bajó la perspectiva para Bogotá a negativa por un nivel de solvencia limitado y mantuvo su calificación en Baa2, con lo que se mantiene el grado de inversión.

Moody's considera que la solidez financiera de la ciudad garantiza la cobertura de las necesidades de inversión que se realizarán en Bogotá, particularmente en materia de movilidad.

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“Bogotá planea mantener un gran gasto de capital centrado en proyectos de movilidad, lo que estimamos que generará déficits de financiamiento de efectivo que se financiarán con deuda y liquidez disponible”, aseguró Moody's.

La calificadora resalta que la ciudad mantiene una fortaleza económica por la diversidad de las actividades presentes que permiten que los ingresos propios de la ciudad sean el 65% de sus ingresos totales.

Medellín y Barranquilla

Moody's también revisó la calificación de las principales ciudades del país, entre las que se destaca Medellín, que mantuvo su calificación en Baa2, pero recibió un cambio de perspectiva a la baja.

“La perspectiva negativa de la calificación de Medellín está impulsada por la estrecha supervisión por parte del Gobierno de Colombia sobre las consideraciones presupuestaria. Además, los riesgos de un menor crecimiento económico y altas tasas de interés que también limitan la calidad crediticia de Medellín”, añade.

En ese mismo sentido, sostiene que el perfil crediticio de Medellín también refleja sus sólidas prácticas de gobierno y gestión.

Para el caso de la ciudad de Barranquilla, se  mantuvo la calificación en Baa3 con perspectiva estable dado que considera que la refinanciación de la deuda podría ayudar a reducir las presiones de liquidez.

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“La deuda neta directa e indirecta representó más del 100% de los ingresos totales en 2023 y esperamos que se mantenga cerca de este nivel en los próximos 12 a 18 meses ”, indica Moody's.

De igual forma, asegura que el perfil crediticio de Barranquilla se ve limitado por su gran gasto de capital para respaldar las necesidades sociales y de infraestructura que conducen a altos requisitos de financiamiento de más del 10% de los ingresos totales