Por muerte de Catalina Gutiérrez, Procuraduría solicitó informe al Gobierno

Por el caso de la muerte de Catalina Gutiérrez, residente médica de la Universidad Javeriana en Bogotá, la Procuraduría General de la Nación le pidió un informe al Ministerio de Educación para revisar presuntos actos de violencia.

El órgano de control envió un requerimiento de información a Daniel Rojas, titular de la cartera, sobre las presuntas situaciones de maltrato a los residentes de programas de posgrado en salud de la Pontificia Universidad Javeriana y demás instituciones de educación superior.

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Catalina Gutiérrez, al parecer, fue víctima de violencia y maltrato durante su residencia de la especialidad de cirugía en el Hospital San Ignacio.

La Procuraduría General de la Nación requirió al ministro Rojas el informe detallado sobre las condiciones de calidad de vida de los residentes de los programas de salud, incluyendo los resultados de la visita anunciada por el Ministerio a las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana.

Asimismo, solicitó que se incluyan las acciones correctivas acordadas con las autoridades académicas y administrativas como resultado de esta inspección y de las que se hayan realizado en los últimos tres años.

El informe deberá contener información sobre el número de quejas recibidas y tramitadas por posibles situaciones de acoso, maltrato, inequidad, jornadas laborales, turnos y condiciones inadecuadas de seguridad, protección y bienestar en el programa de residencias médicas de la Universidad Javeriana y en otras instituciones de educación superior que lo ofrezcan.

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La Procuraduría también pidió las cifras de estudiantes que han abandonado el programa de residencias médicas en la Pontificia Universidad Javeriana y otras instituciones de educación superior, así como las causas identificadas para esta situación.

En su requerimiento, la Procuraduría insta al Ministro a emprender acciones de inspección y vigilancia para prevenir cualquier situación de maltrato o violencia, además de implementar y fortalecer medidas para prevenir y gestionar un entorno académico hostil, la carga académica y laboral excesiva, la normalización del maltrato y otras formas de violencia hacia los residentes en programas académicos de salud.