Procuraduría pide ampliar plazo para ofertas y la licitación del Corredor Verde en Bogotá

L​a Procuraduría pidió al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá ampliar el plazo para que las empresas interesadas hagan la presentación de ofertas con miras a su licitación, que vence en el próximo 17 de septiembre.

La petición fue el resultado de una mesa técnica realizada entre el organismo con la entidad distrital en la que se repasó puntos necesarios como el avance de la elaboración de los estudios y diseños del proyecto, la gestión predial, aprovechamiento y administración del espacio público. 

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Además, durante la reunión, ambas partes discutieron la matriz de riesgos posibles y las principales observaciones de los interesados a las licitaciones, entre otros aspectos. 

“Hemos recomendado a la entidad que se amplié el plazo para la recepción de propuestas, lo que permitirá a los interesados en las tres licitaciones que componen el Corredor Verde, analizar con mayor detenimiento las modificaciones realizadas por el IDU en la Adenda", dijo Gabriel del Toro, procurador primero delegado para la vigilancia preventiva de la función pública.

Para la Procuraduría es de vital importancia, que, en un proceso licitatorio de esta envergadura e importancia estratégica para Bogotá, se otorguen plazos razonables que faciliten la confección de propuestas serias y se garantice la pluralidad de oferentes. 

Otro de los temas tratados en la mesa de trabajo y frente al cual la Procuraduría ha sido bastante insistente, es el aprovechamiento y administración de los nuevos espacios públicos que pretende generar el proyecto.

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Sobre este punto, el organismo aseguró que en la mesa técnica el IDU manifestó que trabajan en alternativas que garanticen el mantenimiento de estas zonas.

Finalmente, el delegado explicó que el encuentro sirvió también para repasar los estudios y diseños urbanísticos que se entregaran a los futuros contratistas, la gestión con respecto de los predios de Patrimonio de la Nación como el Museo del Chico y las acciones judiciales que se han iniciado en contra del proyecto.