Proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo fue aprobado en el Concejo de Bogotá
Según el Concejo, las entidades de salud deberán quitar las cuestiones que prohíban este acto, para poder dar un parte de tranquilidad.
El Concejo de Bogotá aprobó este jueves el acuerdo que elimina las barreras para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, convirtiéndose en la primera corporación pública y electoral en crear normativa frente al tema.
Según el Concejo, las entidades de salud deberán quitar las cuestiones que prohíban este acto, para poder dar un parte de tranquilidad.
"La Administración Distrital exhortará públicamente a todas las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPBs) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS del Distrito Capital, a eliminar todas las barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), con el fin de garantizar el derecho a la vida", sostuvo el Concejo en un comunicado.
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El acuerdo 023 de 2022 aprobado por el Concejo explica que también los servidores públicos, deberán garantizar el acceso al derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en condiciones dignas, sin persecuciones y hostigamientos.
Según el autor del debate, el concejal Luis Carlos Leal, se espera que en los próximos días la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, sancione esta norma para que inicie su ejecución.
" Ya solo queda esperar la voluntad política de la administración distrital para hacer de este acuerdo una norma de ciudad. Claudia López debe sancionar el Acuerdo en el menor tiempo posible...", sostuvo Leal.
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Leal concluyó que "la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental que la Corte Constitucional ha establecido para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Con este proyecto se garantizará este derecho sin barreras y además generará mayor conocimiento a los servicios que se brindan y mayor prevención para la maternidad".
El Concejo de Bogotá anunció que el presente acuerdo regirá a partir de este jueves y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias, mientras que, si se da un incumplimiento a las obligaciones establecidas, traerá sanciones disciplinarias o penales.