Se presentó caso de violencia intrafamiliar en comunidad embera asentada en el Parque Nacional

La Secretaría de Integración Social de Bogotá reveló que en la noche del sábado, 17 de agosto, se presentó un nuevo hecho de violencia familiar en contra de una joven de la comunidad embera que se encuentra asentada en el parque Nacional en Bogotá. 

"Se trata de una nueva situación de violencia física y de género contra la adolescente que se acercó en el mes de julio al PMU por fuertes dolores abdominales luego de haber sido agredida por su pareja", dijo Roberto Angulo, secretario de Integración Social. 

Luego de conocer el hecho, el Puesto de Mando Unificado (PMU) envió a la joven a la Clínica Materno Infantil para ser valorada y estabilizar su condición médica y el caso fue puesto en conocimiento de la Comisaría de Familia Permanente del Capiv, donde se adoptaron medidas de protección provisionales.

Le puede interesar: Estas son las localidades más inseguras de Bogotá, según nuevo estudio

Cabe recordar que esta adolescente ya había sido violentada por su pareja, el pasado miércoles 24 de julio tras este hecho la joven solicitó ser valorada por la unidad de salud que hace presencia en el PMU, aunque desistió de ser trasladada a un centro médico.

"Una vez puesto en conocimiento sobre los nuevos hechos, el Comisario de Familia del Capiv se desplazó hasta el PMU para notificar personalmente tanto al agresor como a la víctima y su acudiente, informando que la joven cuenta con una medida de protección definitiva por los hechos acontecidos", resaltó la Secretaría de Integración Social. 

Vea también: Estos son los destinos turísticos pocos conocidos en Bogotá: rompen con lo tradicional

Posteriormente, el agresor acudió al espacio institucional, en donde el Comisario de Familia le explicó las implicaciones si no acude al despacho cuando sea citado y las sanciones que se podrían aplicar. El primer incumplimiento acarrearía una multa de 2 a 10 salarios mínimos legales vigentes convertibles en arresto a razón de tres días por cada salario no pagado, el segundo incumplimiento acarrea cárcel de 30 a 45 días.

Lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales que deriven por el delito de violencia intrafamiliar.