Winnie
Rodríguez
Tres años del atentado a la Escuela de Cadetes General Santander
Familiares de los 22 cadetes fallecidos siguen a la espera de una indemnización por parte del Estado.
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Actualizado:
Lunes, Enero 17, 2022 - 11:37
Carro bomba en Escuela general Santander de la Policía
Cortesía Policía Nacional
Tres años se cumplen desde el atentado más grande contra una unidad de Fuerza Pública en una ciudad. Fue el 17 de enero de 2019, cerca de las 9:30 a.m., cuando 22 cadetes de la Policía fallecieron y cerca de 80 personas resultaron heridas, después de que un carro bomba ingresara a la Escuela General Santander y detonara su carga explosiva dentro de la institución.
Horas después del suceso, las autoridades daban a José Aldemar Rojas Rodríguez como el autor material de los hechos, al haber ingresado a las instalaciones de las escuela en una camioneta Nissan Patrol con cerca de 80 kilos de pentolita y quien también fue señalado de ser un miembro del ELN, guerrilla a la que el propio presidente Iván Duque finalmente le atribuyó el atentado.
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A su vez, el nombre de Ricardo Carvajal fue dado por la autoridades como otro de los implicados en el atentando y quien posteriormente fue capturado. Según investigaciones, la interceptación de una llamada fue la prueba principal que evidenciaba la responsabilidad de Carvajal en los hechos, al ser presuntamente quien alquiló y pagó el arriendo de la bodega donde se armó el carro bomba que posteriormente estalló.
Tres años después del atentado, ¿cómo avanza el proceso?
Pese al paso de tiempo, las incógnitas persisten para los familiares de las víctimas sobre el atentado. Actualmente, se espera la sentencia de Carvajal como la primera sobre este caso, quien tendría que responder a los cargos por delitos como terrorismo agravado, daño en bien ajeno, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y uso de material privativo de las Fuerzas Militares. Será en los próximos días cuando un juez especializado determine si condena o absuelve al presunto responsable y primer sospechoso que fue capturado por este hecho.
Al respecto, la Procuraduría y la Fiscalía han solicitado que se aplique la máxima pena de 60 años de prisión al presunto implicado.
Entretanto, las familias de las víctimas también adelantan la solicitud sobre una indemnización, argumentando que el Estado no garantizó la seguridad de los cadetes fallecidos por una aparente negligencia en la Escuela de Cadetes. Sobre este caso, será el 31 de enero y el 16 de marzo fechas determinantes para esclarecer las investigaciones.
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