Unidad para las Víctimas desmiente vínculo con el traslado de comunidades emberá a Bogotá

Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, desmintió que la entidad esté financiando la movilización de comunidades indígenas emberá hacia Bogotá.

Además, hizo un llamado a la corresponsabilidad de las distintas instituciones del Estado para garantizar la atención integral a esta población.

"No es cierto que estemos financiando a las comunidades para que vengan a Bogotá", afirmó Solano, refiriéndose a las declaraciones de algunos funcionarios distritales.

La directora explicó que la responsabilidad de la Unidad para las Víctimas se centra en atender a las personas reconocidas como víctimas del conflicto armado. Según los listados oficiales, en el caso de la comunidad emberá hay 28.784 víctimas registradas, de las cuales 6.112 se encuentran en Risaralda.

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La entidad activará una ruta para cumplir con sus obligaciones, que incluyen la construcción de un Centro de Pensamiento Mayor, retornos concertados y reubicaciones. Sin embargo, la directora subrayó que otros aspectos como tierras, viviendas, proyectos productivos, salud y educación corresponden a otras instituciones del Estado.

"La atención no recae exclusivamente en la Unidad para las Víctimas; se requiere el compromiso de todas las entidades competentes", señaló.

Ante las críticas por supuestos retrasos en los retornos, Solano explicó las dificultades del proceso: "No podemos obligar a ninguna comunidad a retornar. Este es un plan que lleva meses de concertación y planificación, porque debemos garantizar medidas de seguridad, condiciones dignas y, principalmente, la voluntad de las comunidades".

También mencionó que algunas alcaldías han manifestado su negativa a recibir a las comunidades en sus territorios ancestrales, lo que añade complejidad a los retornos.

Respecto a los recientes ataques contra la comunidad emberá que protesta en Bogotá, la Unidad para las Víctimas anunció posibles acciones legales contra quienes resulten responsables de actos de racismo y hostigamiento.

"Estas comunidades tienen derechos como cualquier ciudadano, y pedimos al Distrito garantizar su atención mientras se avanza en los planes de retorno o reubicación", enfatizó Solano.

La directora insistió en que los desplazamientos no solo obedecen a coyunturas actuales, sino a una deuda histórica del país. "¿Por qué los pueblos se desplazan? Porque en sus territorios continúa el conflicto, y porque han vivido en condiciones de pobreza extrema durante décadas", afirmó.

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Para Solano, el desafío es construir condiciones dignas que permitan no solo el retorno, sino también la integración de los desplazados en los territorios que los reciben. "La paz no es solo ausencia de conflicto; es garantizar que nadie sea desplazado o excluido por su condición", concluyó.