C. Constitucional da ultimátum a Presidencia para presentar plan de atención a la crisis wayúu

La Corte Constitucional dio un ultimátum a la Presidencia y a otras entidades, para que en un plazo de un mes y medio presenten el plan de acción que será implementado para atender las condiciones de la niñez de la comunidad wayúu. 

El tribunal emitió un auto en el que rechaza el plan presentado por las autoridades, pues asegura que no cumplieron con requisitos establecidos desde el 2022 con esa población.

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Uno de los inconvenientes detectados por la sala de seguimiento del Estado de Cosas Inconstitucionales, es que el proyecto presentado no tiene en cuenta los lineamientos establecidos para garantizar el derecho a la alimentación. 

“La Sala desconoce si el Gobierno nacional brindó el acompañamiento técnico respectivo para que las comunidades lograran presentar oportunamente (antes del 4 de noviembre de 2022) la propuesta con el debido cumplimiento de los requisitos indicados  si se aseguró de que las comunidades tuvieran capacidad instalada para responder a estas exigencias técnicas”, señala uno de los apartes del documento. 

El tribunal declaró el cumplimiento bajo de las órdenes emitidas en un auto de 2022, por lo insistió para que se sigan fortaleciendo las acciones con el objetivo de dar solución a la crisis de la comunidad wayúu. 

Para los magistrados de la sala es evidente que hay una descoordinación entre las entidades nacionales y territoriales, pues hay objetivos centrales que contradicen los establecidos por los entes regionales. 

“La falta de articulación se advierte, por ejemplo, en el hecho de que algunas de las acciones presentadas por el nivel central son más detalladas y estructuradas, a diferencia de las planteadas por las entidades territoriales, las cuales, en su gran mayoría, carecen de lineamientos, objetivos y precisión”, menciona la orden. 

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Ese tribunal emitió la orden para que la Presidencia, junto con carteras como el Ministerio de Ambiente, de Salud, de Vivienda, Prosperidad Social, el Dane y el ICIBF, entre otros, estructuren un nuevo plan que pueda cumplir con las exigencias requeridas por la corte con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos planteados para mejorar las condiciones de las comunidades en La Guajira.