Carrotanques de La Guajira: Contraloría y Policía Judicial inspeccionan oficinas de la Ungrd

Un equipo de la Policía Judicial se encuentra en las instalaciones de Gestión del Riesgo para investigar posibles procedimientos irregulares en la entidad.

La Contraloría confirmó la presencia de este equipo de investigación, (conformado por cinco personas) que tiene como objetivo fiscalizar los contratos y procedimientos en curso, incluida una investigación clave sobre la adquisición de 40 carrotanques para el departamento de La Guajira.

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El equipo del organismo de control realizó esta inspección en la sede de la UNGRD, donde se recopilaron documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales relacionados con la adquisición de los carrotanques. Estos documentos incluyen estudios previos, cotizaciones, evaluaciones, contratos, pólizas, informes de supervisión, pagos, entre otros.

“La inspección complementa las acciones de la CGR realizadas en la últimas horas en Uribia, donde están ubicados hoy los carrotanques y funcionarios de la Contraloría General hicieron una inspección para recabar información sobre su estado y funcionamiento”, sostuvo. 

El objetivo de esta acción es determinar las condiciones de contratación, la posible existencia de sobrecostos, la necesidad de adquisición de los vehículos, su equipamiento y utilidad para el suministro de agua, así como verificar si cumplen con las condiciones de uso para el territorio de La Guajira dentro del proyecto denominado 'Ruta del Agua Guajira' de la UNGRD.

La controversia en torno a estos carrotanques, que estaban sin uso en una base militar de Uribia, La Guajira, ha captado la atención de la Fiscalía y la Procuraduría. Se ha revelado que los vehículos tuvieron un costo que supera los $46.800 millones. 

Según el informe, la empresa con la que se firmó el acuerdo de compra, Impoamericana Roger SAS, está involucrada en actividades comerciales que van desde la venta de abarrotes hasta la importación de carros, y su capital es de apenas $45 millones.

Esta investigación refuerza la importancia de examinar de cerca los procesos de contratación y asegurar la transparencia en la gestión de recursos públicos.

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La polémica en torno a los carrotanques sin uso en La Guajira continúa creciendo, con la Fiscalía y la Procuraduría investigando el caso.

Una investigación periodística reveló vínculos entre las empresas contratistas y sus propietarios, arrojando luz sobre posibles irregularidades en el proceso de adquisición.

Según el informe del diario El Tiempo, la firma Impoamericana Roger SAS, que firmó el acuerdo de compra, está vinculada a actividades diversas, incluyendo la venta de abarrotes y la importación de vehículos, con un capital relativamente bajo. Además, se han encontrado conexiones entre esta empresa y otras contratistas, como Luket SAS y Brand SAS, cuyos propietarios comparten lazos familiares y comerciales.

La investigación también señala a Incoltanques SAS, responsable de fabricar los tanques para los carrotanques, como parte de la red de conexiones en este escándalo. Otro aspecto destacado es la presencia de un estudiante de veterinaria como accionista de una de las empresas contratistas, lo que agrega más preguntas sobre la transparencia del proceso.

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, ha respondido a las acusaciones de posibles sobrecostos en la compra, señalando que se apartarán a los funcionarios responsables si se confirman estas irregularidades.

Sin embargo, la revelación de estas conexiones entre las empresas contratistas plantea interrogantes sobre la integridad del proceso de adquisición de los carrotanques.