Centro de rehabilitación El Redentor no será cerrado, sería reubicado
La Procuraduría indicó que el 23 de mayo de 2018 le envió una carta al ICBF advirtiendo sobre las fallas en El Redentor.
Antes los constantes casos de fuga de menores, sumado a los maltratos que estarían siendo objeto los jóvenes de El Redentor, Juliana Pungiluppi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), aclaró que la idea no es cerrar el centro de rehabilitación, sino cambiar de instalaciones en el corto plazo, mientras plantean una reforma estructural.
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"En todos estos centros la infraestructura donde están estos jóvenes es crítica. La estructura donde están estos jóvenes es fundamental para su proceso de resocialización y en el caso en particular de El Redentor me pregunté ¿estas instalaciones de quién son, de dónde vienen?; me dicen que eso estaba hecho para un hospital psiquiátrico y esto se convirtió en una cárcel. Entonces, lo que ve uno es que se adaptó el espacio para, y no se creó para", manifestó Pungiluppi en RCN Radio.
Sin embargo, la directora señaló que la situación de maltrato a los jóvenes en El Redentor no se puede minimizar a un problema de infraestructura. Respecto a la seguridad en este centro, la directora del ICBF dijo que hay una debilidad alta en cuanto al número de policías.
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"Nos han asignado cinco policías para los turnos (...) Internamente las dinámicas de estos centros son muy complejas y por el no poder el operador utilizar ninguna forma coercitiva, que obviamente en el marco de todos los derechos humanos que se deban usar para controlar esas situaciones, se ven muy limitados y llaman a la policía en los momentos en que está fuera de control la situación y desafortunadamente pasan estos casos", agregó.
Además, la funcionaria señaló que según un reporte de la Policía, en lo corrido del años se han presentado 20 motines en El Redentor.
En cuanto a los malos tratos, tal como quedó evidenciado en un video, el ICBF aseguró que acompañará las investigaciones anunciadas por la Procuraduría General de la Nación y adelantará una investigación interna para determinar si hubo fallos en los protocolos establecidos para la atención especial de estos jóvenes cuando se presentan situaciones especiales de violencia o mal comportamiento.
Pungiluppi también propuso reformar el sistema de responsabilidad penal adolescente y manifestó que se debe garantizar el fin restaurativo del sistema y revisar las conductas sancionables a los adolescentes entre 14 y 18 y las medidas correctivas que se deben aplicar en cada caso.
Según la funcionaria, el derecho penal debe ser la última herramienta con la que cuenta el Estado para disuadir las conductas delictivas y en vez de ello se debe brindar a los jóvenes un tratamiento diferenciado bajo el principio restaurativo y pedagógico.
Habla Juliana Pungiluppi, directora del ICBF