Cerca de $25 billones ha invertido el Gobierno en atención de la emergencia sanitaria
La mayoría de los recursos han sido destinados al sector salud y a la protección del empleo.
El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, entregó un balance sobre las inversiones que ha hecho el Gobierno Nacional, para atender la emergencia sanitaria y económica que enfrenta el país como consecuencia de la COVID-19.
El alto funcionario señaló que la mayoría de los recursos han sido destinados al sector salud, con una inversión total de 7,2 billones de pesos adicionales, que han servido para fortalecer la red de Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios, expandir la capacidad diagnóstica, comprar elementos de protección personal, elementos de bioseguridad para los centros de reclusión, paquetes de atención en salud, bonificación para el personal médico, entre otras.
En los programas sociales, el viceministro indicó que se han invertido 4,5 billones de pesos, que incluye los giros adicionales de Colombia Mayor, Jóvenes y Familias en Acción, la implementación de la devolución del IVA, el Ingreso Solidario y el financiamiento de servicios públicos.
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Para proteger el empleo, el alto funcionario señaló que se han tomado medidas en cuatro frentes, con una inversión total de 10 billones de pesos, empezando por las líneas garantizadas por la Nación para el pago de nómina y trabajadores independientes, el pago parcial de los aportes al Sistema General de Pensiones por dos meses y el subsidio a la nómina.
“Para las empresas se crearon otras dos líneas garantizadas para capital de trabajo y las microfinancieras, así como ampliar la oferta de crédito a través de una mayor liquidez de Bancoldex y Findeter”, manifestó Londoño.
En cuanto a las fuentes de financiación, el viceministro explicó que se han conseguido 25 billones de pesos de recursos de deuda así: 12,1 billones de pesos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), 3 billones de pesos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), 9,8 billones de pesos de las inversiones obligatorias de establecimientos de crédito en deuda pública y 330 mil millones de pesos del Fondo de Riesgos Laborales.