Contraloría advierte a Mininterior por contrato para beneficiar a pueblos indígenas
El Mininterior determinó una cuota de administración del contrato que supera el 3% establecido.
El vicecontralor en funciones de contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, hizo una advertencia al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y a la Universidad de Pamplona, respecto a la suscripción y ejecución del Contrato Interadministrativo Nro. 1840 de 2022 por $151.136 millones.
Lo anterior, se debería a una posible afectación de los intereses públicos, en el evento de no cumplirse su objeto, dados los continuos atrasos en el cronograma de ejecución.
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“Se evidencia así un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos y la posible afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública”, aseguró Zuluaga.
De acuerdo con esta alerta, se han tenido dos prórrogas, después de un año y dos meses de su firma y además las comunidades indígenas beneficiarias no han recibido la totalidad de los proyectos derivados, los cuales estaban diseñados para ejecutarse inicialmente en un término no de cinco meses.
“El contrato tuvo fecha de inicio el 8 de agosto de 2022 y un plazo inicial de ejecución de cinco meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2022, el cual fue prorrogado hasta el 31 de agosto de 2023, y posteriormente hasta el 31 de diciembre de 2023”, añadió el vicecontralor en funciones de contralor General de la República.
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El Mininterior determinó una cuota de administración del contrato equivalente al 10% de su valor ($15,131 millones) actualmente destinada a la Universidad de Pamplona, que sobrepasa el monto de recursos establecido en la Resolución No. 339/2021, que pueden ser destinados para estas funciones, cifra que no puede sobrepasar el 3% del valor total del banco de proyectos, que para este caso equivale a $4,539 millones de pesos.
“De no culminarse la ejecución de los proyectos, además de perderse la inversión de recursos transferidos por el Ministerio del Interior, quedará insatisfecha la necesidad que llevó a la contratación, afectando a las comunidades indígenas a las cuales se les pretendió beneficiar”, puntualizó Zuluaga.