Coronavirus en Medellín: identifican aparentes irregularidades en contratos

En una revisión a 44 contratos firmados por la Alcaldía de Medellín y algunas de sus dependencias, a propósito de la emergencia por Covid-19, la Contraloría municipal advirtió posibles irregularidades en por lo menos 11 trámites que generaron hallazgos administrativos, fiscales y disciplinarios.

En la mayoría de las revisiones, se identificó que los contratistas no tenían las capacidades para cumplir con lo acordado.

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Por ejemplo, en el informe preliminar, se habían realizado observaciones sobre la compra de tapabocas por un valor de $142.800.000 con una empresa cuya razón social registrada ante la Cámara de Comercio, tiene que ver con la realización de eventos, un ejercicio que dista mucho del suministro de insumos médicos para prevenir el contagio con coronavirus.

Finalmente, se concluyó que “esta inconsistencia se presentó por debilidades en los controles por parte de la Administración del municipio de Medellín, en la verificación del cumplimiento del requisito de la capacidad e idoneidad para la selección del contratista”.

Otro de los casos señalados en el informe, es el de la Clínica de la 80 que se habilitó una vez la ciudad llegó a la alerta naranja por la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

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La Contraloría advirtió que el señor Luis Oscar Vargas firmó un contrato con la Empresa de desarrollo Urbano (EDU) para que, en un plazo de 90 días calendario, realizara la obras de adecuación y puesta en funcionamiento de la Clínica de La 80. El valor de la designación fue de $7.096.896.154.

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La investigación permitió establecer que cuatro días antes del inicio de las obras, Vargas subcontrató servicios con otras cuatro compañías, lo que según la Contraloría “evidenció que dicho contrato se suscribió sin que el mencionado señor Luis Óscar Vargas Abondano, contara con la idoneidad suficiente para ejecutar un contrato de esta magnitud”.

En el grupo de los 44 contratos revisados también estaba el que tenía como objeto suministrar alimentos del PAE, en este caso la Contraloría estableció que la administración local pudo demostrar el cumplimiento de los requisitos de ley y en consecuencia, archivó el proceso de responsabilidad fiscal.