Corte Constitucional anunció aprobación de sentencia de crisis humanitaria en La Guajira

La Corte Constitucional anunció la aprobación del cumplimiento general de la orden novena de la Sentencia T-302 de 2017, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en el departamento de La Guajira.

Esta decisión marca un hito en la protección de los derechos de las comunidades wayúu y resalta el compromiso del Gobierno con la justicia social y ambiental.

El tribunal reconoció el esfuerzo del Ministerio del Interior en la traducción de la sentencia al wayuunaiki, su comunicación oral en las comunidades y el registro audiovisual de las actividades de divulgación, cumpliendo así con los principales elementos del mandato judicial.

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Por su parte, José Fernando Reyes, dijo que la Sala Especial ordenó a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo “seguir el cumplimiento de las actividades de divulgación del fallo realizadas por el Ministerio del Interior en los centros etnoeducativos e internados de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia”. 

Sin embargo, ordenó a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo continuar supervisando las acciones de divulgación en los centros educativos de la región.

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Sandra Ortiz, Consejera Presidencial para las Regiones, destacó la importancia de este logro para el diálogo genuino en la solución de la crisis humanitaria en La Guajira. Además, informó que la Sala Especial de Seguimiento aprobó parcialmente el Plan de Acción Integrado y Unificado para proteger los derechos de la niñez wayúu, constituyendo otro avance significativo del Gobierno del Cambio en el cumplimiento de la sentencia.

Por su parte desde el gobierno se conoció que continúa trabajando en coordinación con todas las entidades de orden nacional y territorial para mejorar las condiciones de vida de las comunidades de La Guajira y garantizar el pleno cumplimiento de la sentencia.

Este hito representa un paso importante hacia la justicia y la igualdad para todos los colombianos, especialmente para las comunidades étnicas que han enfrentado históricamente la marginación y la desigualdad.