Crimen de Álvaro Gómez: piden a Mancuso entregar más información

La Procuraduría General pidió al exjefe paramiltar Salvatore Mancuso, extraditado en los Estados Unidos, que debido a su cercanía con el extinto Carlos Castaño, contribuya con las investigaciones que se siguen para esclarecer el magnicidio del ex candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá.

La solicitud fue realizada por el procurador delegado Jairo Acosta Aristizábal al considerar que aún existe desinformación frente a este magnicidio y sus responsables.

De igual forma, el delegado de la Procuraduría le pidió a Mancuso que profundizara en los vínculos de empresarios y ganaderos con la ‘Casa Castaño’ y el paramilitarismo; si conoció o no a David Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, y si hubo algún tipo de fusión temporal o coyuntural con miembros de las FARC dentro de su actuar como autodefensas.

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Estas solicitudes fueron realizadas durante las sesiones de audiencias ante la JEP en las cuales Mancuso fue citado a una diligencia única de aporte de verdad plena para definir su sometimiento a ese tribunal.

Dentro de los temas en los cuales pidió ampliación el procurador Acosta,  se encuentran la presencia de fosas comunes donde habrían sido inhumados cuerpos de víctimas del conflicto, en la frontera con Venezuela, y el uso por parte de las autodefensas del Canal del Dique, como “zona de depósito de cadáveres”. 

Así mismo, solicitó mayores claridades a Mancuso sobre los múltiples asesinatos de periodistas independientes, durante aquella época, en el departamento de Córdoba y otros departamentos, en la zona donde delinquió la estructura paramiltar que él comandó.

Asimismo, Acosta recibió información sobre el modelo de “franquicias” o bloques paramilitares utilizados por las autodefensas, así como sobre la financiación con cultivos ilícitos y dineros de empresas privadas del país, con aportes voluntarios y forzados.

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Esta petición de la Procuraduría se suma a la realizada por los propios magistrados de la JEP que le dieron un plazo de 30 días para que aporte nueva información sobre los hechos sobre los cuales hizo mención durante la audiencia única de verdad.