Detalles de la inspección disciplinaria a la Policía, tras denuncias del general Salamanca
La Procuraduría revisó el Sijur por posible manipulación de información.
Durante casi cinco horas, dos peritos de la Procuraduría General de la Nación hicieron una visita técnica a las oficinas de Telemática de la Policía Nacional, buscando corroborar las denuncias del inspector, el general William Salamanca, sobre posibles alteraciones o modificaciones al Sistema de Información Jurídico (Sijur).
Fuentes cercanas a esas oficinas contaron a LA FM que la Procuraduría descubrió más de 100 consultas, por parte de funcionarios de la Inspección General, al proceso disciplinario por presuntas irregularidades en el contrato para la construcción de casas fiscales en el Tolima, que inició en el despacho del general Salamanca.
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Esa investigación está en poder de la Procuraduría desde el 2019 y por ese caso, actualmente responde en juicio el director de la institución, el general Óscar Atehortúa.
Para esas mismas fuentes, lo irregular sería que la Procuraduría tomó varias fotos durante esa visita, que después se dieron a conocer en medios de comunicación, es decir, habría filtración de procesos, al parecer reservados.
LA FM pudo confirmar que algunos detalles de estas diligencias podrían ser revelados en la siguiente audiencia de juicio que avanza contra el general Atehortúa.
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Fuentes cercanas al proceso contra el director general, advierten que supuestamente Salamanca no tuvo conocimiento real del proceso disciplinario por la construcción de las casas fiscales y otros supuestos hechos de corrupción al interior de la Policía.
Sin embargó, el general Salamanca ha entregado otras declaraciones ante la Procuraduría sobre al menos cinco líneas de investigación referentes a presuntas irregularidades en la construcción de casas fiscales, ubicadas en el Complejo de viviendas den Centro Nacional de Operaciones de San Luis, en el departamento del Tolima, en donde se habrían invertido cerca de 117.000 millones de pesos.
También ha entregado información sobre presuntas irregularidades en un contrato para la compra de vehículos y repuestos y facturación de tiquetes aéreos.