Durante este año se han registrado 549 vulneraciones de derechos humanos contra líderes sociales

El defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis, identificó que durante este año se han registrado 549 vulneraciones de derechos humanos contra líderes sociales en Colombia. 

Entre los hechos victimizantes se encuentran 130 homicidios, en 111 casos las víctimas fueron hombres y en 19 mujeres además, de extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados y atentados. 

Lea también: En el 2021 se detectaron en el país 6.248 habitantes de calle, de los cuales el 85 % son hombres

También se conoció que el 75% de los homicidios se concentró en 8 departamentos, específicamente Antioquia ocupa el primer lugar con 22 casos, seguido de Cauca con 21; en tercer lugar se encuentra Valle del Cauca con 16; Chocó y Putumayo con 9; Norte de Santander con 8, Nariño con 7, Caquetá con 5 y Meta con 5. 

La mayoría de las víctimas fueron líderes comunales con 31 casos, indígenas con 30, comunitarios 16; campesinos 14 y sindicales 7. 

“Si bien es cierto que ha disminuido el número de asesinatos contra líderes sociales, lamentamos profundamente cada uno de los casos, por el impacto que tiene sobre las comunidades. Repudiamos esos hechos que se dan principalmente por el accionar criminal de los grupos armados ilegales. Como Estado no podemos ahorrar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad, ni mucho menos para garantizar que los líderes y lideresas puedan seguir adelantando su importante labor en favor del estado social de derecho”, señaló Camargo. 

Consulte aquí: Se están investigando más de mil denuncias por presunta corrupción en la contratación del PAE

En el ránking de los hechos de violencia, se ubica en primer lugar las amenazas con un 73%, seguido de homicidios con 20%, atentados 4%, desplazamiento forzado 2% y extorsión 1%. 

“Como entidad que vela por el respeto de los derechos humanos nos duele reportar cifras tan dolorosas, y por eso trabajamos las 24 horas de todos los días para alertar cualquier situación de riesgo y hacemos seguimiento a las posibles vulneraciones de sus derechos, con el fin de lograr una respuesta estatal efectiva que garantice su protección”, afirmó.