Edison Ruíz, exalcalde de Buenaventura, fue imputado por corrupción

La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a Edison Ruíz, uno de los miembros del gobierno de Buenaventura quien, en 2018, se desempeñó como alcalde encargado y habría participado en un entramado de corrupción para desviar dineros de un proyecto de viviendas en beneficio de particulares. 

Según el ente acusador, mientras fue mandatario local, Ruiz hizo una convocatoria para la compra de terrenos, lotes o bienes que permitieran desarrollar un proyecto para dar casas a las poblaciones vulnerables del municipios. Estos contratos,  aparentemente, fueron firmados con irregularidades.

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"El material de prueba indica que este proceso se realizó sin estudios previos de mercado y con posibles irregularidades en fechas, plazos y valores. De esta manera, al parecer, se vulneraron varias normas y principios esenciales de contratación como planeación y selección objetiva", asegura Eduardo Alirio Calderón, director especializado contra la corrupción de la Fiscalía. 

En la investigación, el entonces alcalde firmó contratos de manera directa para la compraventa de varios inmuebles que, en total, sumarían cerca de 24.984 millones de pesos. 

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La Fiscalía aclara que, los bienes contemplados en el contrato, fueron avaluados muy por encima del precio real, por lo que se generó una pérdida 12.492 millones de pesos para el municipio, además destacaron que se registró un sobre giro de dinero, pero que estos recursos quedaron en propiedad de los particulares que participaron en la convocatoria pública. 

CASOS DE CORRUPCIÓN EN BUENAVENTURA 

En octubre de 2022, cuatro funcionarios del municipio fueron capturados por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para mejorar la conectividad de al menos 80 colegios de Buenaventura. Este contrato estaría avaluado por un valor superior a los 1.300 millones de pesos, por lo que la Fiscalía adelanta la investigación para determinar quienes serían los presuntos responsables del desvío de estos recursos.