EE.UU. alerta sobre 250.000 hectáreas de cultivos de coca en Colombia

En el marco de un evento auspiciado por la Cámara Colombo-Americana (Amcham), celebrado el martes 6 de febrero, se congregaron destacadas figuras diplomáticas, incluyendo a Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos, y Francisco Palmieri, embajador de Estados Unidos en Colombia.

Durante el encuentro, Palmieri y Murillo abordaron diversos aspectos de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, destacando la labor conjunta en una amplia agenda que abarca temas fundamentales como seguridad, paz, medio ambiente y comercio, entre otros aspectos de interés mutuo.

Sin embargo, el embajador Francisco Palmieri expresó su creciente inquietud ante el persistente aumento en las extensiones de tierra destinadas al cultivo de coca en el territorio colombiano.

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Según Palmieri, las cifras alcanzan las 250 mil hectáreas, lo que sigue generando preocupación en las altas esferas del gobierno estadounidense.

"Durante este primer año y medio de la administración, hemos alineado nuestros programas antinarcóticos con las nuevas oportunidades emergentes, pero debemos ser conscientes de que las 250 mil hectáreas de coca bajo cultivo representan una amenaza, tanto a nivel internacional como nacional", destacó el embajador.

Palmieri subrayó la necesidad imperiosa de implementar programas de sustitución, enfatizando que Colombia está progresando hacia la producción de cultivos agrícolas legales como una alternativa viable.

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En respuesta a estas preocupaciones, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, defendió las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional.

Murillo destacó una nueva estrategia integral que abarca tanto la lucha contra el narcotráfico como la promoción de la sustitución de cultivos ilícitos.

"Hemos adoptado un enfoque renovado en la erradicación de los cultivos ilícitos de coca, priorizando los acuerdos con las comunidades locales", explicó Murillo.

Además, señaló que la erradicación forzosa se reserva exclusivamente para situaciones donde se violen los acuerdos establecidos o cuando las circunstancias lo ameriten, lo que refleja una nueva política gubernamental en la materia.