Elección de director de la CAR sigue levantando polémica
Esta entidad maneja un billón de pesos de presupuesto y de ahí el interés de muchos en ese cargo.
El país atraviesa un difícil momento por cuenta de los reclamos de la sociedad civil en frentes como educación, salario, salud y pensión. Esto –como es lógico– ha hecho que muchos olviden la agenda del país que sigue adelante.
Uno de esos temas que ha pasado en silencio es la elección del nuevo director de la Corporación Autónoma Regional (CAR) en el departamento de Cundinamarca, un proceso que se hará este martes martes 26 de noviembre.
Aunque inicialmente había 76 candidatos en la carrera por este cargo, solo 58 pasaron el requisito de contar con una experiencia mínima en el sector ambiental.
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En el sonajero hay varios candidatos que se destacan como los llamados favoritos para estar en el cargo entre 2020 y 2023. Se trata de Néstor Franco –actual director–, César Carrillo, Alfredo Molina, Félix Guerrero y Ricardo López.
Ahora bien, lo cierto es que contra algunos de ellos hay cuestionamientos por cuenta de varias situaciones, unos por sanciones disciplinarias y otros por cuenta de hasta participación en política en medio de esa prohibición.
Por ejemplo, en el caso de Néstor Franco hay un fallo de la Procuraduría General de la Nación en primera instancia que lo destituyó e inhabilitó por diez años por las irregularidades halladas en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía (PTAR II). De momento no hay decisión en segunda instancia y él mismo ha dicho que no está inhabilitado.
En el caso de César Carrillo, secretario de Planeación de la gobernación, fue advertida una supuesta participación en política para las elecciones del pasado 27 de octubre. En un video que, al parecer, fue grabado el 2 de octubre se le ve en lo que sería un acto de una candidata al Concejo de Bogotá. Él en su defensa dijo que aunque había una aspirante al concejo no hubo como tal un acto político.
Este proceso, que se cumplirá este martes, también está en la mira de la Procuraduría General de la Nación.