Empresas de Bogotá se están manejando con una gran improvisación: Minvivienda

 

 

 

"Las fallas dentro de la operación del Relleno Sanitario Doña Juana, los inconvenientes con la formalización de la población recicladora para la ciudad y la falta de claridad en la inversiones que deben realizarse para la ampliación del acceso al servicio de agua potable son algunos de los ejemplos que mantienen una desesperanza frente a lo que está ocurriendo en Bogotá", manifestó el ministro Luis Felipe Henao Cardona.

 

 

El pasado 2 de octubre de 2015, se produjo un derrumbe en el Relleno Sanitario Doña Juana, con un volumen de aproximadamente 750.000 toneladas (50% del derrumbe del 1997), lo que originó que el Distrito declara la emergencia. "Estamos haciendo un llamado al Distrito para que nos entregue informes de la supervisión y seguimiento al contrato operador del Relleno Doña Juana, cuál va hacer el plan de contingencia y el plan de restauración del derrumbe", indicó el Ministro de Vivienda y Agua.

 

 

Por otra parte, el Ministerio de Vivienda ha venido estructurando a nivel nacional y con la participación de 92 organizaciones de recicladores de todo el país, para conocer todas las experiencias y elaborar así el Decreto que permitirá reglamentar el esquema de prestación de la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos y la transición para los recicladores de oficio que se formalicen.

 

El Ministro aclaró que este es un Decreto que aún no se ha expedido. "Esta en etapa de socialización, esperamos que el Alcalde de Bogotá como todos los alcaldes del país digan cuáles son las observaciones que tienen, él no puede convocar una marcha para hacer un acto político sobre un Decreto que aún no se ha expedido", declaró Henao Cardona, quien se mostró satisfecho al ver que los recicladores no se dejaron manipular.

 

Este Decreto permitirá implementar un esquema para que los recicladores puedan acceder a la tarifa con un mínimo de requisitos, como lo es el registro ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de tal forma, que puedan constituirse como prestadores de la actividad de aprovechamiento sin que exista intermediación de los funcionarios dentro de las administraciones locales de turno. "Bajo este nuevo esquema que estamos planteando, la remuneración no sería individual, como lo quiere imponer la Alcaldía de Bogotá, si no que por el contrario buscamos que los recicladores se constituyan como empresarios tal como lo indicó la Corte Constitucional, blindándolos así, de manejos amañados de los gobernantes de momento", manifestó el Ministro.

 

El Decreto igualmente plantea un mecanismo de transparencia en la información que se genera alrededor de la actividad de aprovechamiento, donde tanto recicladores como usuarios del servicio de aseo puedan conocer los costos y las cantidades realmente aprovechadas, situación que hasta la fecha no ha sido clara por parte del Distrito de Bogotá. "Estamos haciendo un esfuerzo de carácter nacional donde se pueda recoger el interés de todos los recicladores del país y no simplemente responder a decisiones particulares y esquemas que además no han mostrado resultados claros como ocurre con Bogotá", enfatizó Henao Cardona.

 

 

Otro aspecto a resaltar dentro de la operación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, tiene que ver con la prestación del servicio público de acueducto para la ciudad de Bogotá y su impacto en las políticas habitaciones. Esto en el entendido que una baja inversión para la ampliación de infraestructura y del sistema de agua potable impediría la habilitación de suelo urbanizable que requiere la ciudad de Bogotá.

 

La EAAB reporta una caída significativa en términos de utilidades obtenidas en estos últimos años. Mientras que en el año 2012 contaba con utilidades por encima de los $206 mil millones de pesos, el promedio en los últimos 3 años es de $144 mil millones. "Esta condición económica que puede ser superada sí la EAAB incorpora altos estándares de gerencia pública y social en la implementación del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado", indicó el Ministro Luis Felipe Henao Cardona. 

 

Las consideraciones se presentan en momentos en que se está definiendo para la ciudad el nuevo marco tarifario de acueducto y de no tener en cuenta esta situación la ciudad se vería avocada a un retroceso de grandes magnitudes para la sostenibilidad de la prestación del servicio de agua potable, así como para el crecimiento y desarrollo propio de la ciudad. 

 

 

Por último el Ministro hizo énfasis en que el Gobierno Nacional ha cumplido con los recursos para el cierre financiero que garantiza la descontaminación del Río Bogotá. En diciembre de 2004 fue expedido el documento Conpes 3320 que estableció el manejo ambiental del río Bogotá, orientado a la construcción de los interceptores previstos en el plan maestro de alcantarillado, adecuación hidráulica de río, la optimización y ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Salitre, la construcción de la Estación Elevadora Canoas EBAR Canoas y la planta de tratamiento PTAR Canoas. 

 

"Desde el año 2007 se desarrolló un proceso de concertación liderado por el Tribunal de Cundinamarca donde participó la Corporación Autónoma Regional, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda, el Distrito, sobre eso se concertaron inversiones por más de $327.000 millones dirigidas a construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas, todo ese proceso de concertación terminó en un documento público que fue el Conpes 3320. En febrero de 2011 se firmó acuerdo de cooperación. A pesar de todos estos avances de más de 5 años el Distrito de forma irresponsable cambió el acuerdo que aseguraba el saneamiento del rio Bogotá", concluyó el Ministro. 

 

A hoy el Ministerio de Vivienda ha cumplido con los compromisos adquiridos y entre 2013 y 2014 giro al encargo fiduciario, constituido por la EAAB para el desarrollo de convenio, el 100% de los recursos asignados a este proyecto, previa solicitud de medidas cautelares al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para efectos de no perder dichos recursos dado que esa Empresa no dio inicio a la ejecución de los estudios y obras previstas, de acuerdo con los tiempos establecidos del Convenio.