Diputado del Meta acabó beneficiado en programa social de electricidad
Arley Gómez, el beneficiado, se defendió señalando que le pueden quitar el sistema de generación fotovoltaica.
Una nueva polémica se desató en el departamento del Meta por cuenta de los listados de ciudadanos que resultan beneficiados con los programas sociales que el Gobierno Nacional ha emprendido por varias regiones.
Al respecto, recientemente se conoció el caso de un diputado de la Asamblea del Meta que acabó entre el listado de los beneficiados de un programa para el suministro y construcción de sistemas de generación fotovoltaica para viviendas rurales en Mapiripán.
Pese a que el programa tiene fines sociales y está enfocado a población en condiciones de vulnerabilidad, entre el listado del proyecto –que fue firmado por la misma Alcaldía de Mapiripán, aparece el diputado Arley Gómez.
En el proyecto objeto del contrato, suscrito por la administración local con el Ministerio de Minas, el Ipse y la Electrificadora del Meta, aparece en la vereda La Cooperativa el nombre del político departamental.
El documento a que se hace referencia fue firmado el 2 de octubre de 2019 para iniciar el procedimiento de ejecución.
Además, el propio Arley Gómez el 25 de junio de 2020 firmó un acta donde en su calidad de beneficiario autorizó a la señora Marielly Arenas Buitrago para que recibiera las soluciones fotovoltaicas descritas en el contrato.
Aunque legalmente no hay ninguna irregularidad, sí ha resultado sorprendente que en los programas sociales del Gobierno termine beneficiado un diputado.
Paradójicamente, hace unas semanas se conoció que el mismo diputado Arley Gómez fue denunciado por los presuntos delitos de estafa y desplazamiento forzado por parte de una mujer identificada como Luz Mary Marulanda. Ella sostuvo que aunque en una finca llamada La Esperanza en Mapiripán que le vendió al político de la Alianza Verde a través de un contrato de permuta se acordó la entrega de unos vehículos y ganado como forma de pago, el político tergiversó la situación para quedarse con el terrero a través de acciones ilegales.
En su momento, Arley Gómez señaló que el negocio no se concretó porque la finca no tenía escrituras, hay un tercero que reclama el terreno y la propiedad era más pequeña de lo que le prometieron. “Yo le di a la señora dos carros, una casa y unas novillas”, recalcó.
Igualmente, indicó que la denuncia obedece a un ataque político, porque en el momento en que la impusieron él era candidato a la Gobernación del Meta.
A propósito de dicho terreno en disputa legal, esta finca es justamente la que terminó beneficiada con el sistema de generación fotovoltaico y también está en investigación por la denuncia ante la Fiscalía.
La respuesta
Sobre el tema, el diputado Arley Gómez aceptó que recibió el suministro y construcción del sistemas de generación fotovoltaica en la finca Guaraní, propiedad de 30 socios hace 12 años, donde están sembrados 160.000 árboles pino y eucalipto. Para ese beneficio el predio fue inscrito hace 5 años.
Sin embargo, dijo que no le ve nada irregular porque ni siquiera “me he alumbrado” con un bombillo allá toda vez porque sirve a máximo seis trabajadores que ven televisión y lo utilizan para recargar sus celulares.
“Si lo quieren quitar que lo quiten. Me ha tocado incurrir en gasto que no utilizo. Esos gastos, de hecho, pueden llegar a ser superiores a los cinco millones”, aseguró.
Igualmente, defendió que a la finca fueron a ubicarlo para acceder a ese beneficio. “Todo obedece a un tema político de algo que no hice a propósito porque a todas las fincas de la región se la dieron”, sostuvo.
Y agregó: “El diputado Arley Gómez se convirtió en una amenaza para la política tradicional de la región y ahora me quieren ensuciar a como dé lugar. Yo vivo de vender piñas y seguros, entonces me tiene sin cuidado este tipo de señalamientos”.
El diputado, por último, dijo que los ataques que recibe también son por cuenta de sus críticas a la concesión de la vía que conduce de Villavicencio a Acacias. De hecho, recordó que hace 7 años se acabó ésta y aún se sigue cobrando por algo que no se ha construido.