EPM recibirá $2 billones como indemnización por emergencia en Hidroituango

Empresas Públicas de Medellín espera que en tres años hayan prosperado las reclamaciones con las aseguradoras y reciba 2.5 billones de pesos como indemnización por la contingencia en Hidroituango. De ese dinero, se tendría que descontar el 33 por ciento de impuestos.

Las cifras se conocieron en el primer foro abierto de la empresa sobre la necesidad de vender algunos activos para atender la emergencia. 

Durante su exposición en la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), el  gerente de Planeación Financiera de EPM, Juan Carlos Castro Padilla, aseguró que hay un equipo de expertos nacionales e internacionales que trabaja en la reclamación de 1.3 billones de pesos, por lucro cesante y 1.2 por los daños ocasionados en la obra.

(Lea acá: Fiscalía envió investigadores a Hidroituango)

“Estaríamos recibiendo 2,5 billones de pesos en el año 2021 (…) Sería muy duro para nuestras finanzas no recibir el dinero, pero estamos seguros de que con la gestión del equipo profesional y los asesores en el exterior, terminaremos exitosamente con las reclamaciones”, señaló el funcionario a LAFM.

Juan Carlos Castro, Gerente de Planeación financiera de EPM, informa sobre el panorama financiero de la empresa, y confirma que la situación económica de la organización es sólida. pic.twitter.com/LarvyI5gcq

— EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) 24 de septiembre de 2018

El ingeniero civil y docente universitario, Juan Guillermo Acevedo, quien tiene 32 años de experiencia en el sector energético, fue uno de los asistentes al foro abierto. El académico dudó que prosperen las reclamaciones.

“Me queda una duda, a mi juicio, el problema de Hidroituango no fue por el azar de la naturaleza, sino por malas prácticas de ingeniería del personal de EPM. Cuando ocurre esto no sé si las compañías aseguradoras reconocen los seguros”, cuestionó.

Los foros son un espacio para que EPM explique a la ciudadanía las razones para vender Aguas de Antofagasta y el Parque Eólico Cururos en Chile, el 10 por ciento de las acciones en ISA y varias participaciones minoritarias en el país.

El proyecto de acuerdo que autoriza su desinversión se tramita en el Concejo de Medellín.