Fome sí puede financiar investigación para vacuna contra la COVID-19
El Consejo de Estado respondió al Gobierno preguntas sobre la destinación y uso de los dineros del Fondo Fome, creado por la pandemia.
El Consejo de Estado respondió al Gobierno Nacional que los dineros del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) sí pueden usarse para financiar investigaciones destinadas a la creación de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19).
Así respondió la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado a unas preguntas del Ministerio de Salud, respecto a la destinación de los dineros del Fondo creado por la pandemia.
“Es inaplicable la prohibición prevista en la ley que regula el derecho fundamental a la salud y que impide que recursos previstos para brindar esta garantía puedan ser utilizados en la financiación de servicios y tecnologías que se encuentren en fase de investigación”, dijo el Consejo de Estado.
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La Sala de Consulta aclaró que esos dineros también podrán usarse como anticipo solicitado por las farmacéuticas para garantizar las eventuales dosis de la eventual vacuna.
En ese punto, el Consejo de Estado advirtió que ese pago anticipo exigido por las farmacéuticas se hará “siempre y cuando los recursos del Fome terminen siendo insuficientes para tales fines”.
Las preguntas del Ministerio de Salud al Consejo de Estado se dieron en el marco de la prohibición legal para dirigir recursos de la salud a servicios o tecnologías que estuvieran en fase de investigación.
Sin embargo, la Sala de Consulta señaló que los recursos ordinarios para la salud sí pueden ser empleados en las investigaciones.
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Así las cosas, si el Gobierno decide realizar una inversión para investigaciones relacionadas a la creación de la vacuna, deberá recurrir inicialmente al Fome.
El Fome fue creado para agilizar los procesos de financiación generados por las diversas calamidades propias de la pandemia.
El Consejo de Estado aprovechó para hacer un llamado al gobierno del presidente Iván Duque con el fin de que fortalecer la financiación y estructuración de proyectos de investigación en salud.
“En el entendido de que la ley que regula el derecho fundamental a la salud señala que los esfuerzos en este campo deben estar orientados a la promoción de tecnología y nuevos conocimientos que permitan robustecer ese servicio”, señaló el Consejo de Estado.