Iglesia advierte sobre "inminente riesgo" de nueva masacre en Bojayá

Un grupo de organizaciones sociales y la Diócesis de Quibdó advirtieron este domingo al Gobierno colombiano sobre el "inminente riesgo" de que ocurra una nueva masacre en el municipio de Bojayá, que en el 2002 vivió una de las matanzas más cruentas del conflicto armado colombiano.

La denuncia fue hecha en Bojayá, que hace parte del departamento del Chocó, justo el día en el que la población comenzó a darle la despedida final a las víctimas mortales de esa masacre.

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"Cuando las comunidades afros e indígenas en el municipio de Bojayá nos disponemos a recibir los restos mortales de nuestros seres queridos que fueron vilmente masacrados el fatídico 2 de mayo de 2002 (...) se ciernen nuevamente hechos amenazantes de desplazamientos, confinamientos, masacres, torturas, desapariciones, reclutamientos", afirmó el sacerdote Sterling Londoño, de la Diócesis de Quibdó.

Así lo hizo al leer una carta que fue firmada por la Diócesis de Quibdó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó (Fedeorewa) y la Mesa Indígena del Chocó.

Por otra parte, las comunidades denunciaron en su carta que luego de la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 el espacio que dejaron las FARC fue ocupado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que "se ha fortalecido militarmente y ha incrementado sus agresiones a la población civil".

"De la misma manera el Gobierno no ha sido efectivo en combatir las nuevas formas de paramilitarismo y bandas criminales (como el Clan del Golfo), quienes hoy han incrementado su accionar al interior de los territorios étnicos", añadieron.

En ese sentido, Londoño explicó que la Defensoría del Pueblo ya ha emitido dos alertas tempranas y cinco informes de consumación de riesgos en los que advierte de la preocupante situación en Bojayá, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH. ha informado de violaciones contra la población étnica.

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Los grupos criminales, explicó Londoño, están en los centros poblados "imponiendo control social, político, territorial y económico", especialmente paramilitares "que se abastecen por el río Atrato", el principal afluente del departamento.

"Todo esto ocurre bajo la mirada impávida del control de la fuerza pública en el bajo y medio Atrato", añadió.

Es por ello que pidieron a Duque que implemente el acuerdo de paz de manera "oportuna e integral, especialmente en lo relacionado con el capítulo étnico y brinde garantías constitucionales al pueblo afro e indígena de Bojayá".