Más de 900 vulneraciones de derechos de indígenas se han atendido en Guaviare desde el 2020
Según el censo realizado por la Defensoría del Pueblo existen más de 30 asentamientos indígenas conformados por varias etnias en Guaviare.
Según el censo realizado por la Defensoría del Pueblo, en el departamento del Guaviare existen más de 30 asentamientos indígenas conformados por varias etnias, entre ellas los nukak y los jim.
Desde la Defensoría del Pueblo regional Guaviare, se atendieron entre el 2020 y el 2022 un total de 933 casos relacionados con vulneraciones de derechos en la niñez, las mujeres, personas mayores y la comunidad indígena.
Según los datos, en el 2021 hubo 82 peticiones de la comunidad indígena, mientras que en lo corrido del 2022 se presentaron 263 casos.
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Con relación a presuntos casos de abuso sexual, la Defensoría regional reveló que en este mismo lapso se atendieron un total de 68 casos en los que se encuentran involucrados menores de edad.
De igual manera, la entidad advierte que entre el 2020 y 2022 hubo un incremento de casos de violencia sexual pasando de 67 en el 2020 a 81 casos durante el 2022.
La Defensoría enfatizó que “se requiere especial atención a toda la comunidad indígena en situación de desplazamiento ubican los asentamientos temporales, ya que está población presenta problemas relacionados con la salud, educación, alimentación, seguridad, consumo de sustancias psicoactivas y podrían ser víctimas de abusos sexuales o ingreso a grupos armados ilegales”.
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Por otra parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal, afirmó que entre enero y noviembre del 2022 se practicaron 79 exámenes médico legales por presuntas violencias sexuales en departamento del Guaviare y el 87.3% de los exámenes corresponderían a niñas y adolescentes.
Entre las conclusiones del informe presentado por la Defensoría, se conoció que las medidas cautelares de la Corte Constitucional son un llamado a la formulación de un plan para salvaguardar la etnia.
A su vez, la Defensoría aseguró que, sí hay riesgo de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, así como la trata de personas con fines de explotación sexual, mendicidad ajena, servidumbre y matrimonio servil, especialmente en comunidades indígenas.