Mayor de la Policía fue destituido por proteger a miembros del Clan del Golfo en Urabá
El mayor oficial retirado fue sancionado con destitución e inhabilidad general por 12 años para ejercer cargos públicos.
El mayor oficial retirado (r), Héctor Fabio Murillo Rojas, fue sancionado con destitución e inhabilidad general por 12 años para ejercer cargos públicos, debido a vínculos ilegales con la organización criminal que operaba en la zona de Urabá antioqueño del Clan del Golfo.
La Procuraduría General de la Nación, ratificó que el el oficial era el responsable del equipo de direccionamiento local de vigilancia comunitaria por cuadrantes en la vigencia 2016-2017 en Antioquia, lugares en los que se estableció el grupo armado, denominado como “Frente Carlos Vásquez” y liderado por Luis Orlando Padierna Peña, alias 'inglaterra', entre otros.
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El ente de control confirmó que el funcionario público ejecutó actos delictivos como garantizar la protección de los miembros del clan del golfo, suministrarles información de los operativos policiales que les podrían afectar, facilitar su movilización y transporte por las diferentes carreteras del país, entre otros.
Debido a lo anterior, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 calificó de manera definitiva la conducta del funcionario como gravísima, a título de dolo.
Cabe mencionar que, en días pasados, la Procuraduría General de la Nación y representantes de entidades públicas, la sociedad civil y la academia firmaron una acción colectiva contra la corrupción y se comprometieron a impulsar un proceso de cooperación y acción colectiva contra esta problemática, con el propósito de promover de manera conjunta una nueva cultura de la legalidad fundamentada en la transparencia, la integridad y el respeto por la ley en la administración pública.
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En ese sentido, indicaron que establecerán mecanismos que permitan garantizar su cumplimiento, se adoptarán buenas prácticas para la difusión y gestión del conocimiento, teniendo siempre como base la eficacia que resulta de una adecuada praxis del derecho disciplinario y así preservar la probidad en el desempeño de funciones públicas y combatir la corrupción a nivel regional.