Organizaciones internacionales piden frenar licencia ambiental en páramo de Santurbán
A las organizaciones sociales se sumaron los concejales de Cúcuta y diputados de Norte de Santander.
Ante el riesgo de ser aprobada la licencia ambiental para la explotación minera en la región de Soto Norte, muy cerca del páramo de Santurbán, varias organizaciones sociales internacionales y nacionales solicitaron la suspensión del trámite ante el Tribunal Administrativo de Santander.
Entre esas entidades se encuentra la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace Colombia, Instituto Lationamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo y Juventudes Unidas por la Sostenibilidad del Planeta, además de grupos ambientalistas en varias zonas de Colombia.
Mayerlin López, integrante del Comité Prodefensa del Páramo, explicó que básicamente se busca que el tribunal decrete medidas cautelares en medio del control para la protección de los derechos e intereses colectivos, dentro de la acción popular que fue interpuesta desde hace varios años.
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En un oficio dirigido al máximo tribunal se explicó que la intervención será agrupada en tres partes para que haya más fluidez.
En primer lugar estarán las medidas cautelares en el marco de la acción popular que ha sido interpuesta por los defensores del ecosistema.
Además de estas organizaciones, el Concejo de Cúcuta y la Asamblea de Norte de Santander emitieron respaldo al Comité Prodefensa del Páramo, oficios que también fueron llevados al Tribunal Administrativo.
Los líderes ambientalistas esperan que el alto tribunal se pronuncie a favor de esta solicitud que se ha hecho y que también es respaldada por otras organizaciones en Bucaramanga y Santander.
En estos momentos hay dos temas en vilo para Santander. El primero de ellos está relacionado con la licencia ambiental solicitada por la multinacional Minesa para la explotación aurífera en Soto Norte, cerca de Santurbán.
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El otro tema es la delimitación del páramo, proceso sobre el cual se vienen adelantando concertaciones en diferentes puntos, toda vez que el proceso adelantado en el año 2014 perjudicó a campesinos y mineros ancestrales en el municipio de Vetas.