Paro minero y campesino: MinAmbiente abre mesa de diálogo

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, anunció la apertura de una mesa técnica de diálogo para atender las demandas de las comunidades afectadas por los paros minero y campesino, que completa cuatro días en varias regiones del país.

La funcionaria subrayó el compromiso del Gobierno con la búsqueda de soluciones pacíficas, que permitan alcanzar acuerdos entre los mineros y el Estado, sin descuidar la preservación del medio ambiente.

La viceministra de Ambiente Tatiana Roa, fue delegada por Muhamad para liderar las conversaciones y avanzar en el proceso de diálogo con las comunidades mineras del Bajo Cauca, donde los conflictos por la informalidad y el uso ilegal de recursos naturales, han generado tensiones sociales y ambientales.

Le puede interesar: “Terminamos pagando los platos rotos los consumidores y productores”: agricultores sobre paro minero

La ministra de Ambiente también señaló que es importante encontrar un equilibrio entre la formalización de la minería tradicional y la conservación de los ecosistemas, para no generar más afectaciones ambientales en el país. 

“Este Gobierno respeta el derecho a la protesta pacífica y siempre estará dispuesto a dialogar con los actores involucrados. Estamos a la espera de instalar mesas de diálogo con los mineros tradicionales del Bajo Cauca, una región donde llevamos dos años discutiendo cómo avanzar en la formalización, mientras enfrentamos el reto de desmantelar las economías ilícitas que están causando graves afectaciones al río Cauca”, afirmó.

En este contexto, la funcionaria hizo énfasis en los impactos negativos que generan las actividades mineras ilegales como el uso desmedido de dragas y la contaminación por mercurio, que están deteriorando el ecosistema fluvial del país.

Lea también: "No veo una salida distinta al diálogo": exministro de Minas sobre el paro minero en Colombia

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, la minería ilegal afecta el 70% de las áreas donde se extraen recursos, poniendo en riesgo la biodiversidad y la salud de las comunidades cercanas.

“La función ecológica y social de la propiedad está consagrada en nuestra Constitución, por lo que los acuerdos deben garantizar tanto el derecho al trabajo de las comunidades mineras como la protección de nuestros recursos naturales”, subrayó Muhamad, reafirmando el compromiso del Gobierno de buscar soluciones que prioricen la sostenibilidad.

Concluyó que con más de 20 funcionarios de diferentes entidades y ministerios involucrados en las negociaciones, el Gobierno espera avanzar hacia consensos que permitan mitigar los impactos negativos de la minería y promover una actividad económica formal y responsable en el país.